La jueza municipal Ingrid D. Alvarado Rodríguez atendió el 26 de marzo la denuncia por violencia doméstica que promovió Andrea Ruiz Costas en contra de su expareja, quien la asesinó un mes después.

La organización Alianza Pro Transparencia reaccionó a la renuncia de la jueza municipal Ingrid D. Alvarado Rodriguez, expresando que esa dimisión «no afecta el reclamo de exigir que la Rama Judicial actué con responsabilidad, transparencia y que rinda cuentas sobre los procesos que afectan la vida y los derechos de la ciudadanía».

La jueza Alvarado Rodríguez fue quien atendió el pasado 26 de marzo la denuncia criminal por violencia doméstica que promovió Andrea Ruiz Costas en contra de su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien la asesinó un mes después.

Tras el asesinato, se iniciaron peticiones para revelar la vista en la que Alvarado Rodríguez determinó no causa contra Ocasio Santiago, pero el Tribunal Supremo decidió no divulgar la grabación de esa y otras dos vistas a las que Ruiz Costas acudió en búsqueda de una orden de protección, que tampoco se le concedió.

Alvarado Rodríguez renunció a su cargo efectivo el 14 de diciembre de 2021.

«La renuncia de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez no cambia el reclamo de la Alianza Pro Transparencia (APT) toda vez que no se trata de debatir sobre la permanencia o no de uno de los empleados de la Administración de Tribunales, sino de que la Rama Judicial actúe con transparencia y garantice el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños», publicó la APT en un comunicado de prensa.

«La secretividad de los procesos públicos es lo que ha provocado la desconfianza en el Sistema Judicial. La renuncia de la jueza Alvarado no puede ser un subterfugio para desviar la atención de lo que realmente es importante. El Poder Judicial actúa bajo el manto de la opacidad y la renuncia de una jueza no cambia ese panorama, declaró en expresiones escritas la Alianza Pro Transparencia», agrega la comunicación.

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La APT insistió en que se divulguen las grabaciones del caso de Ruiz Costas.

«La clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en conjunto con la representación legal de la ASPPRO solicitó el 29 de octubre a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revoque un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que coarta todo acceso público a grabaciones sobre procedimientos judiciales que involucran violencia doméstica. El recurso legal, tiene como propósito que se revise el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien no aplicó el derecho correctamente al impedir que se divulguen las grabaciones en las que participó Andrea Cristina Ruiz Costas, alegadamente asesinada por su expareja».