Solo siete de los 25 deponentes citados llegaron al Tribunal federal.

En el segundo día de vistas sobre el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que se realizó en el Tribunal federal, en Hato Rey, las premisas constantes apelaron a que la jueza Laura Taylor Swain -que atiende el caso de quiebra de Puerto Rico-, se mueva “al lado correcto de la historia” para no avalar el PAD, y que se audite la deuda pública de más de $70,000 millones que esta medida busca reestructurar.

Citada para las 9:30 de la mañana, la vista inició a las 9:32 a.m. Tras una breve explicación por parte de Swain, en la que detalló que cada participante tendría 10 minutos para exponer sobre el PAD, a eso de las 9:39 de la mañana comenzaron a hablar los deponentes, muchos de los cuales expresaron otra causa común: salvar la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Wanda Albarces García, de 75 años y retirada desde el 2004, fue la primera en deponer. En su alocución objetó la confirmación del PAD por considerar que la reestructuración de la deuda no puede ser “a costa de los más vulnerables”.

“Estoy aquí para pedir que esta corte ordene la auditoría de la deuda”, dijo la mujer, que también cuestionó que haya fondos para mantener la operación y los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero no para evitar recortes a la UPR.

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Un análisis del Centro para la Nueva Economía (CNE) publicado en junio de este año, estimó que el costo proyectado en honorarios de asesore legales y financieros de la JSF podrían sumar $1,500 millones desde la creación del ente y hasta el 2026. Al mismo tiempo, la UPR ha tenido recortes por cerca de $330 millones durante los pasados años.

Alana Feldman Soler aprovechó su ponencia para narrar que es hija de un exmiembro de la Policía de Puerto Rico y una exmaestra, ambos retirados. “Estoy aquí por mi familia y mi comunidad”, mencionó mientras narraba que teme por el futuro de sus padres, que devengan cerca de $500 mensuales de pensión.

La tercer deponente fue Anette Jiménez, de Vega Baja, Puerto Rico. Jiménez habló sobre la importancia de cuidar la UPR. Dijo que tiene tres hijos, una de ellos en en el Recinto de Río Piedras. “Mi hija es una de las que votó a favor de la huelga indefinida”, sostuvo, al mismo tiempo que dijo que era mejor que su hija y todos los jóvenes perdieran el semestre y no la institución.

Jiménez terminó instando también a Swain a no apoyar el PAD. «Mis hijos no van a poder vivir en Puerto Rico», sentenció.

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Jessica Ortega Irrizary, una directora del sistema público de enseñanza continuó con una ponencia que tituló: “Ya somos pobres”. La mujer, que lleva 20 años en el Departamento de Educación (DE) -11 como maestra y 9 como directora- narró que estudió en la UPR, y dijo que “nuestro deber es defender la institución” porque “en Puerto Rico no todos tenemos los recursos para ir a una universidad privada”.

Mencionó también que el salario de un educador ronda entre los $1,700 y $2,300 mensuales.

“Se nos va la vida y el sistema nos aplasta. Tendrán maestros abrumados, cansados y hasta deprimidos. Los afectados mayormente serán nuestros estudiantes… Nadie aspirará a ser maestro, pues no vale la pena darlo todo a cambio de nada”, detalló.

“A nosotros también se nos acaba la paciencia”, sentenció finalmente la educadora.

Hace escasas semanas, precisamente Swain dijo a la Asamblea Legislativa que se le “acababa la paciencia”. Entonces, el Senado mantenía un tranque con la medida que viabiliza el PAD y que hoy, tras acuerdos y con un número mínimo de 14 votos, aprobó la legislación que dió paso a estas vistas.

Ortega Irizarry fue la única de los siete deponentes que asistieron hoy y que emitió propuestas, contrario a los 25 que había citados. Su propuesta para Swain consistió en que si era necesario que «nos sacrifiquemos todos», se permita que los retirados devenguen el 60% de sus salarios, pero con: «subsidio de agua y luz, tarjeta para alimentos y plan médico».

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Tras la ponencia y una intervención de Swain para decir que tendrá presente los reclamos de los deponentes, hicieron falta dos recesos para esperar que más oradores llegaran hasta el Tribunal federal.

Manuel Martínez Maldonado, Heriberto Quiles Pumarejo y Rafael Texidor Torres, un doctor, un exempleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un abogado, respectivamente, hablaron cerca de la 1:30 de la tarde.

Martínez Maldonado, quien inició su carrera en la UPR y luego se trasladó a estudiar en Pensilvania, optó por dedicar gran parte de su ponencia a la importancia de Universidad de Puerto Rico.

El exempleado de la AEE narró que ha estado recibiendo ayuda psicológica y que el posible recorte a las pensiones lo tiene tan preocupado que hasta ha pensado en el suicidio.

“Si van a haber recortes en la pensiones, sería desastroso”, mencionó.

La medida que viabiliza el PAD busca evitar un recorte a las pensiones de 8.5% previamente propuesto. No obstante, la versión enmendada que aprobó el Senado y con la que luego concurrió la Cámara eliminó del lenguaje la parte que leía y establecía que: «esta protección (de cero recortes a las pensiones) estará establecida en la presente legislación y en cualquier legislación futura».

«No puedo prometer que la situación mejorará, pero su vida es valiosa”, dijo Swain a Quiles Pumarejo.

Texidor Torres, por su parte, tuvo un turno de 10 minutos en el que entre sollozos, dijo a la jueza que «vamos a pagar la deuda con nuestra vida». Abogó también por frenar los recortes a la UPR. “La Junta no quiere cortar el presupuesto de la UPR, quiere acabarla”, aseguró entre sollozos.

Tras estas ponencias, y luego de otros dos recesos para dar tiempo a que las personas citadas llegaran al Tribunal, Swain terminó los trabajos por hoy.

Mañana el PAD continuará discutiéndose desde el Tribunal federal a las 9:30 de la mañana.