La mujer también enfrenta cargos por infringir la Ley de Salud Mental al aislar y restringir a pacientes.

El Departamento de Justicia radicó ayer un cargo de asesinato en segundo grado contra la dueña y directora del Hogar La Nueva Familia San Judas Tadeo, Mayra Elena Pérez Oyola, por la muerte de Jaydie Nicole Álvarez, de 20 años.

Además, la mujer y la institución enfrentan cargos criminales por infringir la Ley de Salud Mental de Puerto Rico al aislar y restringir a los pacientes de salud mental.

“Este es el resultado de una investigación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) de la agencia, a raíz de un referido del Departamento de la Familia, que concluyó que la muerte de la joven Jaydie Nicole Álvarez, el 5 de agosto de 2018, ocurrió como consecuencia de la retirada abrupta de sus medicamentos recetados por su condición de salud mental. Esta unidad tiene jurisdicción para atender referidos de maltrato y negligencia institucional”, explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Anoche, la juez, Ilyana Blanco Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan, encontró causa para arresto por todos los delitos imputados por el Ministerio Público, imponiendo una fianza de $90, 000 a la mujer; a razón de $30, 000 por cada cargo.

La fianza fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ). La vista preliminar fue señalada para el 8 de noviembre.

De la investigación realizada por los fiscales Brenda Rosado Aponte y Pedro Hernández Zumaeta, junto a la agente del MFCU, Tania Mora Pagán, se desprende que Pérez Oyola, fungiendo como directora y dueña del mencionado hogar para pacientes de salud mental, creó un riesgo sustancial al ordenar que se le retirarán los medicamentos a la joven, a quien mantuvo restringida y aislada en directa contravención de la Ley Núm. 408 de 2000, Ley de Salud Mental de Puerto Rico.

La investigación reveló que también aisló a otra paciente que, a petición del Ministerio Público como parte del proceso, fue removida ayer de la institución por el Departamento de la Familia.

“Existe una prohibición de restringir y aislar en hogares de salud mental. La investigación demostró que la señora Oyola efectuó el aislamiento y restricción de varios pacientes dentro de la institución, incluyendo la hoy occisa, quien falleció por las actuaciones temerarias de la dueña del hogar”, explicó el licenciado, Luis Freire Borges, director ejecutivo de MFCU.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 90 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $1,246,103.00 para el año fiscal 2021-2022, el restante 10 por ciento es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.