Solicitan a las partes involucradas en el conflicto “que cesen y desistan de entorpecer o interferir con los poderes y responsabilidades de la Autoridad en lo que respecta al flujo de carga”.

La Autoridad de Puertos acudió ayer a los tribunales con una solicitud para que se ordene a las partes envueltas en el conflicto que mantiene detenido el Puerto de San Juan “que cesen y desistan de entorpecer o interferir con los poderes y responsabilidades de la Autoridad en lo que respecta al flujo de carga” a través del mismo.

Solicita además al tribunal que emita una sentencia declaratoria estableciendo que bajo los amplios poderes (y obligaciones) concedidos a la Autoridad en su Ley Orgánica, esta tiene un interés legítimo y apremiante en velar por que las vías de transporte marítimo se mantengan abiertas y seguras; exista un flujo adecuado de la carga que se transporta a través del Puerto de San Juan, y se remedie cualquier evento de disloque en el sistema de transportación a través del Puerto de San Juan, que a su vez cause un disloque en las distintas industrias locales que dependen de los servicios provistos en dicho puerto.

Reclaman también que se responsabilice a las partes demandadas, la Unión de Trabajadores de Muelles de Puerto Rico, Local 1740 ILA y Luis Ayala Colón Sucres, Inc. (LAC) por los daños sufridos por la Autoridad como consecuencia directa de su incumplimiento, los cuales ascienden a una cantidad no menor $400,000.00, más la cantidad que continúe acumulándose desde la presentación de esta demanda hasta que se dicte Sentencia.

En ese mismo contexto se pide que se ordene el pago de intereses sobre la suma final que se dicte en la sentencia al interés legal, desde la fecha de la presentación de la demanda, así como las costas, gastos y honorarios de abogado, y cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Escala la controversia

Como parte del recurso legal, la Autoridad le plantea al Tribunal que la controversia privada entre ILA y LAC ha escalado a tal magnitud que está afectando y menoscabando los amplios poderes de la Autoridad de los Puertos para asegurar que los puertos marítimos de Puerto Rico, principalmente gran parte del Puerto de San Juan, pueda permanecer abierto y funcional.

“LAC, por su parte, ha fallado y continúa fallando en proveer toda la gama de servicios marítimos a los que contractualmente se obligó (o que le son requeridos por reglamentación) y que inciden en que la Autoridad al presente no pueda descargar el mandato legislativo de mantener el Puerto de San Juan operando eficientemente. El contrato de LAC con la Autoridad no incluye como excepción al cumplimiento con sus obligaciones una cláusula sobre la interrupción de los servicios ante eventos laborales, como huelgas o protestas”, señalan.

Agregan que la Autoridad, como un gesto de buena fe, ha tratado de darle espacio a las partes demandadas para que puedan resolver sus controversias, pero la situación ha llegado a un punto insostenible, por lo que la Autoridad se ha visto forzada a acudir ante este foro judicial para hacer valer sus derechos como titular del Puerto de San Juan y entidad local a cargo de la política pública portuaria en Puerto Rico”.

Sostienen que través de este muelle entra cerca del 23% del total de la carga que llega a Puerto Rico, incluyendo carga doméstica y el 80% de la carga de origen internacional.

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“Durante el tiempo que se ha extendido la disputa, la ILA se ha rehusado, y continúa rehusándose, a bajar la carga de los barcos de bandera internacional, alegando que LAC le ha dado tareas del taller unionado a empleados gerenciales”, añaden.

Como resultado de esa acción, informan al Tribunal, un total de seis (6) barcos no han podido atracar en los muelles de la Autoridad debido a las acciones y omisiones de la ILA. Estos son: GH PAPERO, DOLE AMERICA, MINERVA, SCORPIUS, NORTHERN DIPLOMAT y FOUMA. Además otro barco de la línea Hapag Lloyd canceló un viaje que tenía programado para esta semana.

Explican que la Autoridad le cobra a cada barco que atraca en el Puerto de San Juan cargos por: (1) Dockage Fee (a base de una fórmula matemática en función del peso del navío); (2) wharfage; (3) un Subcharge; (4) una tarifa de escaneo de furgones mediante un sistema de rayos x para velar por la seguridad nacional; y (5) Harbor Dues.

“La Autoridad no ha podido cobrar, y continuará sin poder cobrar mientras se mantenga dicha disputa, los cargos identificados en el párrafo precedente. Ello le ha ocasionado, y continúa ocasionándole, daños”, recalcan.