Samuel Pérez-Rivera se declaró culpable del único cargo de Información el 12 de marzo de 2020.

Samuel Pérez-Rivera fue sentenciado a tres años de libertad condicional por la jueza de distrito de los Estados Unidos Silvia Carreño-Coll por conspiración para cometer fraude electrónico, anunció el miércoles, W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Pérez-Rivera se declaró culpable del único cargo de Información el 12 de marzo de 2020.

“Este acusado defraudó a la SSA para beneficio personal. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar este tipo de casos con todo el alcance de la ley”, dijo el fiscal federal Muldrow en comunicación escrita.

Como parte de la sentencia impuesta, Pérez Rivera pagó 150,000 dólares en restitución a favor de la Administración del Seguro Social (SSA) y fue excluido, a perpetuidad, de participar como Representante No Abogado ante la SSA. Pérez-Rivera, como representante no abogado, presentó informes médicos psiquiátricos fraudulentos a la Administración del Seguro Social. Los informes fraudulentos fueron elaborados por él y firmados por el doctor Américo Oms-Rivera. El doctor Oms fue sentenciado el 5 de febrero de 2021 por conspiración para cometer fraude electrónico.

El 12 de marzo de 2020, el fiscal federal acusó a Samuel Pérez-Rivera de fraude en el proceso de solicitud de beneficios del seguro por discapacidad de la SSA en Puerto Rico. Como parte de este esquema, Samuel Pérez-Rivera admitió que, a pesar de no ser médico, prepararía informes médicos psiquiátricos, utilizando como referencia una plantilla de informe y agregando citas médicas ficticias que nunca se llevaron a cabo. Esto se hizo para crear la apariencia de un historial más largo de tratamiento médico y con el propósito de engañar a la SSA para que aprobara los beneficios del seguro por discapacidad. Estos informes fueron finalmente firmados por el psiquiatra doctor Américo Oms-Rivera y presentados a la SSA.

La SSA es responsable de la implementación del Programa de Beneficios del Seguro por Discapacidad. La SSA proporciona beneficios monetarios a los trabajadores con discapacidades graves a largo plazo, que han trabajado en un empleo cubierto por la SSA durante un período de tiempo requerido. Los cónyuges e hijos dependientes de trabajadores discapacitados también pueden ser elegibles para recibir beneficios. Los esquemas de fraude, como el perpetrado en este caso, comprometen el financiamiento limitado de la SSA y su capacidad para llegar a quienes necesitan beneficios.

“Esta sentencia representa otro hito importante en este esquema de fraude que nuestros investigadores de la OIG y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos han trabajado diligentemente durante varios años para desmantelar”, dijo Gail Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social. “Este individuo conspiró a sabiendas para presentar información falsa en apoyo de reclamos por discapacidad para defraudar a la SSA. Continuaremos persiguiendo a aquellos que facilitan el fraude al Seguro Social. Agradezco a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la Fiscal Federal Auxiliar Especial Vanessa Bonano-Rodríguez, por sus esfuerzos sobresalientes en apoyo de este caso”.

La fiscal federal adjunta especial Vanessa Bonano-Rodríguez de la Administración del Seguro Social estuvo a cargo del procesamiento del caso. Este caso fue investigado por la Oficina de Administración del Seguro Social del Inspector General, División de Campo de Nueva York, bajo la supervisión del Agente Especial a Cargo John Grasso, en conjunto con la Administración Antidrogas y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. La Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos también ayudaron durante la investigación.