Se basa en una encuesta anónima que divulga el resultado solo al solicitante y provee contactos para ayuda.

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) anunció hoy la creación de una herramienta tecnológica que permite identificar el nivel de riesgo de una ejecución hipotecaria que enfrenta cualquier persona basado en criterios de vulnerabilidad por edad, situación económica o circunstancias como la violencia doméstica.

Al entrar a la encuesta, se le pide a la persona su código postal y se le hacen 10 preguntas, tras lo que los resultados se le pueden enviar por correo electrónico o se pueden acceder al instante. Los resultados consisten de una adjudicación sobre si la persona está en riesgo de ejecución hipotecaria, un número telefónico para ayuda inmediata y los contactos de las organizaciones de servicio que mejor le podrían ayudar, incluyendo con representación legal.

Las preguntas cubren áreas como el tipo de préstamo hipotecario, status como sobreviviente de violencia de género, si tiene 60 años o más, si está pasando por un proceso de divorcio, muerte de cónyuge, pérdida de empleo o enfermedad catastrófica, si la casa ha sufrido daños por un desastre, tiempo en atrasos en el pago de la hipoteca o la etapa en que se encuentra la acción de recobro por parte del banco, explicó su creador, el abogado David Rodríguez Andino.

“El compromiso de Ayuda Legal Puerto Rico es poner la tecnología al servicio del acceso a la justicia para que ninguna persona se quede sola ante el riesgo de perder su casa”, destacó la directora ejecutiva de ALPR, Ariadna Michelle Godreau Aubert.

ALPR estima que 23% de las personas están en riesgo de ejecución hipotecaria y definen esta condición como la “posibilidad próxima y real de que una persona pierda su residencia principal por falta de capacidad de pago para cubrir el gasto mensual de su hipoteca”.

El estudio arrojó también que un 78.2% de las ejecuciones de hipotecas identificadas incluía una mujer como parte demandada. Y, de esos casos, el 27.3% la demandada es una mujer sola. “En un país donde el nivel de pobreza en hogares con mujeres jefas de familias asciende a 58.2%, resulta un atropello que aproximadamente una de cada cuatro demandas hipotecarias se presente exclusivamente contra mujeres”, señaló Godreau Aubert.

El proyecto abarca a las organizaciones Servicios Legales de Puerto Rico, One Stop Career Center, Pro Bono Inc., las clínicas de las facultades de Derecho de las universidades Interamericana y Pontificia Católica y ALPR.

La Asamblea Legislativa tiene pendiente un proyecto de ley que impulsa ALPR para una moratoria en los pagos de préstamos hipotecarios y alquileres en beneficio de aquellas personas que sufran pérdidas como resultado de una declaración de emergencia, como la actual pandemia de COVID-19, o de un desastre como el huracán María de 2017 o los terremotos.

La entidad también celebrará un encuentro, virtual, el 29 y 30 de abril que reunirá a expertas de Brasil, Argentina, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Puerto Rico bajo el tema “El techo es un derecho: poder común contra las ejecuciones y los desahucios” y cuyo ofrecimiento principal es la intervención de Leilani Farha, directora global de ‘The Shift’ y ex relatora especial de la Organización de Naciones Unidas que ha ayudado a desarrollar estándares globales de derechos humanos sobre el derecho a la vivienda.

Vea: La mayoría de las personas afectadas por ejecuciones y desalojos son mujeres

Para acceder a la herramienta, pulse aquí.