Desde su discusión en la Cámara de Representantes, la posición del Gobierno de Puerto Rico y agencias que han sido citadas a deponer es que apoyan el principio de ‘cero recortes’ a las pensiones, pero en la práctica no pueden respaldar el PC 120.

La idea de crear un fideicomiso para trabajadores y trabajadoras gobernado por las y los trabajadores mismos y que sea abierto a empleados públicos y privados fue visto con buenos ojos por representantes sindicales en defensa del Proyecto de la Cámara (PC) 120, que propone la ley del Retiro Digno y que se encuentra bajo la consideración del Senado.

A la misma vez, aprobarlo en el marco del PC 120 representaría un intento por enmendar errores del pasado —entiéndase el pasado cuatrienio—, en los cuales se comenzaron a negociar acuerdos, como COFINA, e imponerle reducciones a grupos, como los pensionados, sin tener una política pública aprobada por ley que sirviera de base.

El PC 120 establecería un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro (FACSiR) que consolidaría los recursos y las obligaciones del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico.

“Ampliar el fideicomiso para incluir la participación del sector privado crea un vehículo para que los trabajadores de ese sector puedan tener una mayor estabilidad al momento de jubilarse y elimina a los patronos las complicaciones de administrar un sistema de pensiones”, según Israel Marrero Calderín, vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Local 1996.

Organizaciones como el SPT y Construyamos otro Acuerdo (COA) expresaron su apoyo a la idea de ampliar el FACSiR a trabajadores de la empresa privada durante una vista pública en el Senado sobre el PC 120.

El senador Rafael Bernabe Riefkohl señaló que las personas retiradas, por lo general, suponen tener tres fuentes de ingreso: el Seguro Social, la pensión y los ahorros. No obstante, la situación económica o, en el caso de los empleados del sector privado que no tienen pensiones, esas fuentes de ingreso se reducen a una sola, por lo que resultaba imperante garantizar alternativas.

“Si te le dices a una persona ‘te vamos a reducir la pensión’, le estás cortando su subsistencia. Si le dices a un bonista ‘vamos a reducir la pensión’, le estás diciendo ‘vas a ganar un poco menos’”, planteó Bernabe Riefkohl, quien además criticó el Plan de Ajuste aprobado y las reducciones de 8.5% a las pensiones mayores de $1,500.

Según Armando Santiago Pintado, de SEIU, la propuesta del FACSiR propone una mejor alternativa para los pensionados, puesto que el recorte de 8.5% es para los que ya están jubilados, pero los que se jubilen en un futuro podrían recibir reducciones mayores.

Santiago Pintado le explicó al presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza Gómez, que el fondo semilla para el FACSiR provendría de las cuentas del Fondo General del gobierno, o el “TSA”.

El también deponente añadió que el estado de California adoptó un modelo similar, en el cual los empleados públicos y privados acumulan beneficios de forma progresiva a través de un periodo de participación inicial.

“Si algo tenemos que agradecerle a la JCF es que el atropello ha sido de tal manera, que nos ha obligado a movilizarnos, organizarnos y tirarnos a la calle y que el reclamo ahora es cero recortes a las pensiones. Otros grupos quizás no han tenido esa oportunidad y por eso estamos aquí, hoy por mi y mañana por ti”, exclamó, por su parte, Sonia Palacios de Miranda, portavoz del COA.

Palacios de Miranda aseguró que el FACSiR crearía un ahorro de entre 18% a 23% para el Fondo General frente al Pay As You Go.

“La estructura diseñada en el PC 120 para el FACSiR ofrecería a los pensionados las mismas protecciones contra quiebras futuras que le fueron ofrecidos a los bonistas de COFINA con la Ley 241-2018 para su Plan de Ajuste, esencialmente convirtiendo el FACSiR en un vehículo especial aislado de quiebras gubernamentales (‘bankruptcy-remote entity’)”, declaró la portavoz.

Una enmienda introducida por la Cámara de Representantes estableció que el FACSiR no podría invertir más del diez por ciento de su cartera en instrumentos alternativos. El PC 120 fue aprobado por la Cámara de Representantes el 23 de febrero y es evaluado por la comisión del Senado que preside Zaragoza Gómez.

Desde su discusión en la Cámara de Representantes, la posición del Gobierno de Puerto Rico y agencias que han sido citadas a deponer es que apoyan el principio de ‘cero recortes’ a las pensiones, pero en la práctica no pueden respaldar el PC 120.

Al Senado, Luis M. Collazo Rodríguez, director ejecutivo de los Sistemas de Retiro, planteó que el PC 120 y sus propuestas carecían de estudios económicos que respalden su viabilidad.

El PC 120 declara como política pública la oposición a cualquier Plan de Ajuste de Deuda que extienda el recorte a las pensiones. En una de las vistas públicas sobre la medida, Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), aseguró que proyecto de ley choca con las disposiciones del Plan Fiscal y la Ley Promesa, además de que el tribunal en donde se atiende el proceso similar a la quiebra pudiera imponer un recorte a las pensiones, si lo entiende necesario.