El estatuto, aprobado durante la pandemia, favorece intereses comerciales pero convierte a titulares en ciudadanos de segunda clase, reclaman al Senado.

La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. (ATC) pidió al Senado que detenga la consideración de “parches” a la Ley de Condominios de 2020 y que emprenda consultas para legislar un Código de Condominios que la sustituya y que pueda aplicarse a distintos tipos de propiedad horizontal.

Aprobada durante la pandemia con poca participación de las personas a las que afecta, la Ley de Condominios ha sido objeto de críticas y de un esfuerzo que llevó a una reunión en el propio Senado en 2023, el cual no produjo soluciones concretas a los pedidos de revisión.

A seis años de vigencia, la Ley 129 de 2020 “no resolvió los problemas existentes y, en muchos casos, creó otros nuevos”, planteó la ATC en una ponencia reciente ante el Senado para un proyecto que evalúa si el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) debe ser, como es ahora, la agencia encargada de atender querellas bajo esa ley.

Para la ATC, el DACO no tiene la capacidad, recursos ni herramientas para atender querellas de los titulares de los condominios y el propio hecho de que han tenido más de 10 secretarios desde 2019 evidencia su “marcada inestabilidad administrativa”.

Pero la solución no es meramente sacar ese tema del DACO, argumentó la organización que dirigen Marimar Pérez Riera e Ivette Marie Pérez.

Abundaron que el legado de la Ley de Condominios en estos seis años es falta de fiscalización por parte del DACO, procesos administrativos irregulares, resoluciones inconsistentes, cero acceso a mecanismos efectivos de justicia, frustración y gasto de dinero para los titulares, abusos de poder, represalias y reglamentos contradictorios.

Más que un marco legal para la convivencia de vecinos, es “una mezcla de enmiendas impulsadas por sectores cuyos negocios dependen de los condominios: corredores y vendedores de bienes raíces, abogados, ingenieros, agrimensores, agentes administradores, compañías de seguros y otros suplidores de servicios… cada vez que un sector externo identifica una necesidad operativa o un beneficio comercial, se impulsa una enmienda”.

Esto ha dejado a los titulares como ciudadanos de segunda, argumentaron, porque para poder disfrutar de su propiedad están sometidos a procesos y reglas que les impone un tercero externo. Los titulares de condominios en la isla son principalmente adultos mayores, mujeres jefas de familia, personas con ingresos limitados y comunidades marginadas, recordaron.

Un ejemplo es los procesos de querella. Aún cuando el titular obtiene victoria, pocas veces puede resolver su problema en la vida real, explicaron al asegurar que la mayoría de las revisiones del Tribunal de Apelaciones son para revocar al DACO, pero que la agencia pocas veces cambia su determinación original. Aún si lo hiciera, el titular tiene que volver al tribunal para que ordene la ejecución porque el departamento no ejecuta sus resoluciones.

Por su acceso a diversas comunidades que viven bajo la Ley de Condominios, la ATC señaló que hay patrones en los casos y que involucran “los mismos abogados representando Consejo de Titulares, los mismos agentes administradores involucrados y las mismas prácticas que generan y perpetúan controversias en distintos condominios”.

Un solo estatuto no puede aplicar de manera uniforme a comunidades tan disímiles en tamaño, poder adquisitivo, y capacidad administrativa u organizacional, expusieron al pedir medidas administrativas inmediatas en lo que se puede crear el Código de Condominios. Entre estas, el establecimiento de un Registro Digital de Condominios, órdenes administrativas y opiniones legales en DACO que aclaren la interpretación de la ley actual, protocolo para casos de represalia y vulnerabilidad, e identificar tipos de querellas que puedan resolverse sin vista.

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