Juez todavía no cambia la fecha de juicio pero acusados tienen que revisar descubrimiento de prueba.

El juez Pedro A. Delgado decidió esta mañana desestimar sin perjuicio las mociones principales que estaban pendientes en el caso contra la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, tras reconocer que las modificaciones que introdujo la fiscalía federal en la acusación enmendada del 10 de agosto pasado convierten el caso en un “juego de pelota nuevo” y prefiere recomenzar con una “tábula rasa”.

Aún así, el juez no alteró todavía la fecha de juicio, pautada para febrero de 2021, y pautó otra reunión para el 30 de septiembre en la que las partes discutirán cómo ha progresado el descubrimiento de prueba y las mociones que se presentarían a partir de los cambios en la acusación.

Los cambios, ciertamente, no son menores e incluye tanto alteración en los cargos que enfrentan algunos acusados como la propia narrativa de los delitos que supuestamente se cometieron. Una de las añadiduras más llamativas del pliego es la mención del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mediante intercambio de mensajes que tuvo con el consultor Alberto Velázquez Piñol, uno de los coacusados en el caso.

De hecho, los fiscales José Ruiz y Alexander Alum precisaron que aunque la acusación original tenía 32 cargos y la enmendada tiene 98, se trata de cargos basados en distintas comunicaciones electrónicas, por lo que el descubrimiento de prueba consistirá principalmente de la entrega de esas comunicaciones de una manera organizada según los cargos presentados.

Pero la teoría del caso cambio más allá que solo incluir nuevos electrónicos.

En el caso se incluyó a un nuevo acusado, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Aníbal Jover Pagés, a quien se le vincula con un esquema para que la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, también coacusada, le otorgara contratos a la empresa de Jover Pagés, Intelligent Grant Solutions LLC (IGS). Velázquez Piñol recibió comisiones por su intervención en ese trámite, según el pliego.

Otro cambio notable es que en la primera acusación a Keleher se le imputaban manejos ilegales en la otorgación y extensión de contratos de la empresa de consultoría BDO Puerto Rico en su agencia, pero la nueva acusación eliminó completamente esas alegaciones y concentró sus alegaciones contra Keleher en la forma en que tramitó un contrato para Mayra Ponce, la hermana de una de sus ayudantes, Glenda Ponce. Las hermanas Ponce fueron acusadas y ya se declararon culpable. La fiscalía federal introdujo también una nueva acusación contra Keleher por robo de identidad al enviarle a una persona no identificada en la acusación las listas de personal de la Región de San Juan de Educación y las listas de maestros (con su salario) de las escuelas que tienen ofrecimientos vocacionales, de escuelas vocacionales y de escuelas especializadas. Todo esto la acusación lo designa “información confidencial” de Educación.

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