El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales Rodríguez, confirmó a NotiCel que mañana temprano radicará el informe final con los hallazgos y conclusiones de la investigación que capitaneó relacionada a la compra de pruebas rápidas para detectar COVID-19.
El martes también asumirá un turno durante el último día de la Sesión Ordinaria para ofrecer un resumen de la pesquisa, previo a la votación por el cuerpo.
Morales Rodríguez no adelantó detalles del informe. Ni siquiera comentó si realizará algún referido al Tribunal Supremo ante posibles faltas éticas de los abogados privados involucrados en los procesos de compra. Solo indicó que el reporte de más de 100 páginas contendrá referidos nuevos.
“Le estamos dando los toques finales para radicarlo mañana en la Secretaría… Van a haber múltiples referidos”, afirmó a preguntas de este medio digital.
“Vamos a enviarlo a las entidades que nosotros entendamos pertinentes para que atiendan nuestros señalamientos y que ellos evalúen si en efecto amerita alguna investigación o proceso”, agregó.
El primer informe parcial de la Comisión de Salud sobre la pesquisa relacionada al manejo de la emergencia del coronavirus, presentado el 7 de mayo pasado, contempló referidos a las autoridades estatales y federales por alegados actos de perjurio y posibles violaciones a las leyes que regulan los procesos de compras.
Según ese informe parcial, Concepción Quiñones de Longo, ex secretaria interina del Departamento de Salud; José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud; Adil Rosa Rivera, ex secretaria auxiliar de Administración de Salud y Mariel Rivera Rivera, analista de compras de Salud, cometieron posibles violaciones éticas, administrativas o legales.
A raíz de ese referido, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente encomendó a la exjueza Crisanta González -la semana pasada- realizar una investigación preliminar para determinar si existe prueba suficiente para designar un fiscal investigador, que investigue las alegaciones contenidas en ese informe preliminar.
La directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Phoebe Isales Forsythe, también lidera la investigación que la agencia inició por supuestas irregularidades en el manejo de cientos de pruebas para detectar el coronavirus en medio de la emergencia salubrista creada por el temido virus.
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