Muchos de los estudiantes en la residencia son jóvenes de escasos recursos que no tienen otras opciones de vivienda segura, y el desalojo los dejaría en situaciones de riesgo como el deambulismo.

En medio de la cuarentena por el COVID-19, el Task Force Social del Pueblo (TFSP) denuncia las intenciones de la administración de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras de desalojar estudiantes de ResiCampus, el condominio que aloja a alumnos dentro de la institución.

Esta advertencia de desalojo está pautada para hoy 31 de mayo de 2020, y, por ende, el lunes 1 de junio de 2020 muchos de estos estudiantes pueden verse desprovistos de vivienda segura.

Hay particular preocupación puesto que, entre el estudiantado del recinto, hay jóvenes de escasos recursos que no tienen otras opciones de vivienda segura, y el desalojo los dejaría sin tener a dónde ir.

Los estudiantes han expresado en varias ocasiones que, a pesar de haber hecho gestiones de vivienda alterna, no cuentan con condiciones económicas, lo que resultaría en deambulismo y otras situaciones de riesgo.

Esto es inaceptable para el Task Force Social, quienes, dentro de la alarmante emergencia de salud pública que vive el país y las precarias condiciones económicas que atraviesan miles de familias de en la isla, condenan que a los estudiantes tampoco se les ha informado sobre posibles ayudas económicas para costear residencia temporera, alimentos y otros suministros necesarios para sobrevivir esta crisis.

Un estudio realizado por Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA), organización que pertenece al Task Force Social del Pueblo, denunció que 67.3% de los universitarios participantes del mismo había visto una reducción en sus ingresos mensuales durante la cuarentena.

‘’Es angustiante no recibir ningún tipo de contestación, aún de parte del Departamento de Desempleo. Es una incertidumbre que uno no sabe cuando encuentre la nevera vacía y empiece a pasar hambre. Los nervios están de punta y la ansiedad igualmente. Es horrible esta etapa que estamos viviendo, espero que pase ya», expresó uno de los participantes del estudio.

Es imperante que la administración universitaria tome decisiones afirmativas para salvaguardar la seguridad del estudiantado. Algunos de estos estudiantes viven en precariedad económica, igual que 57% de nuestra niñez y juventud, según informes del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ).

En medio de la cuarentena algunos de estos estudiantes han perdido sus empleos y, por ende, fuentes de ingresos. De hecho, el estudio de MPA reflejó que el 59.4% tenía un ingreso mensual por debajo de los $500.00 antes de la cuarentena.

Para muchos de ellos, este desalojo representa inseguridad de vivienda, inseguridad alimentaria y, posiblemente, la incapacidad de continuar con sus estudios universitarios.

“Estas inseguridades de nuestra juventud, estudiantes de la UPR, ponen en peligro no su salud física, sino también pone en precariedad su salud mental, la cual ya ha sido vulnerabilizada por los traumas que hemos vivido por los pasados 3 años. Estos eventos incluyen los Huracanes María e Irma, los sismos de inicios de año (y que continúan en muchos de los pueblos de procedencia de este estudiantado), la cuarentena del COVID-19 y creciente precariedad económica por los aumentos de matrícula y recortes a la Universidad de Puerto Rico”, menciona el doctor Eduardo A. Lugo Hernández, cofacilitador del Comité de Niñez y Juventud del TFSP.

‘’Un 24.5% de las personas que contestaron el estudio indicaron que seguían en sus hospedajes. Algunas personas indicaron que la razón de continuar en sus hospedajes se fundamentaba en el acceso al internet para poder continuar sus clases. A su vez, llama la atención que, aunque un grupo pequeño, existen personas que no tienen lugares fijos de vivienda durante este proceso [cuarentena] o que recurrieron a sus amistades para poder vivir en este período’’, comentó Verónica Noriega, miembro de MPA y TFSP.

El TSFP está compuesto por más de 100 organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, líderes comunitarios y personas de la sociedad civil que se dedican a trabajar un amplio espectro de asuntos y disciplinas como el trabajo social, la salud, el Derecho, la psicología, la educación, la niñez, los adultos mayores, las mujeres, y la vivienda, entre otros.