Informe fue rechazado por la mayoría del pleno

El representante Navarro Suárez se encontraba en su banca en el hemiciclo al momento de la determinación cameral. 

El resto de los miembros de esta comisión son el independentista Denis Márquez, el portavoz popular Rafael ‘Tatito’ Hernández y los novoprogresistas Luis Pérez, Maricarmen Más, Ángel Ortiz y Yashira Lebrón.

La Comisión de Ética recomendó a ese cuerpo emitir un voto de censura contra Suárez como conclusión de una querella que fue presentada contra él por conducta impropia.

La determinación de la Comisión de Ética fue confirmada por el representante José ‘Conny’ Varela en entrevista radial (WKAQ).

En diciembre pasado, la Comisión de Ética encontró causa para investigar una querella radicada contra Navarro Suárez por conducta impropia (Violación al artículo 4 del Código de Ética).

Los representantes Varela y Ramón Luis Cruz fueron los representantes que presentaron la querella contra Navarro Suárez luego de que se hiciera viral un video donde el legislador de la Palma discute y se va a las manos con otro individuo en un negocio, donde también se aprecia a este en aparente estado de embriaguez.

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Critican delegación del PPD

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, junto a los representantes José ‘Quiquito’ Melendéz, Manuel Claudio Rodríguez, Víctor Parés Otero y José ‘Che’ Peréz Otero, arremetieron contra la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) por ‘mentirle al pueblo y jugar a la política-partidista’ con el asunto de la querella en contra del representante Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez.

‘La delación del ‘No’, la del PPD, vuelve a faltar a la verdad. Si algo ha caracterizado a esta Cámara de Representantes ha sido su transparencia en los procesos legislativos. Así que deseo tomar este momento para detallar las razones en ley por la cual votamos en la negativa sobre los resultados de la querella. La Comisión en sus determinaciones de hechos recoge que los querellantes no tienen conocimientos personales de hechos coetáneos anteriores o posteriores a lo que muestra un video. Como claramente establece la jurisprudencia, la decisión que toma un ente adjudicador en este caso la Comisión de Ética, debe basarse en el expediente y debe poder ser fundamentada y explicada. Si del informe radicado se desprende que los querellantes carecen del conocimiento personal para poder declarar que fue lo que verdaderamente ocurrió es día, sin esta evidencia no se puede adjudicar hechos que claramente están en controversia’, sentenció Charbonier, quien fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

La vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos Rivera, se hizo eco de las expresiones de su homóloga.

‘De acuerdo al expediente, la parte querellante, los dos representantes populares, no saben qué fue lo que ocurrió, ni antes ni después de las imágenes que muestra el video. La Comisión no tiene evidencia para conocer la totalidad de las circunstancias sobre el hecho ante su consideración, según sus propias determinaciones de hechos plasmadas en el Informe. Por otro lado, los propios querellantes admiten que no corroboraron la información que publicaron los medios, ni quién tomo el video que utilizan como evidencia. Eso fue una querella de encargo para anotarse puntos políticos, no para hacer un trabajo serio’, dijo la legisladora.

‘Esta Cámara no puede avalar este informe porque no llena los criterios de que la prueba sea robusta y convincente. Y esto no es por el beneficio de la parte querellada, esto es en beneficio de todos los ciudadanos del país. Los derechos no los podemos prender y apagar dependiendo de los prejuicios o estado de ánimo de cada uno de nosotros. El Debido Proceso de Ley no se satisface enumerando los requisitos de la doctrina, se satisface cuando cada requisito se cumple a cabalidad, observando el alcance de cada uno de ellos’, sentenció por su parte Melendéz.

Los legisladores recordaron al PPD que ellos engavetaron múltiples querellas, de asunto serios como venta de influencias y crasos conflictos de intereses, contra representantes del PPD el cuatrienio pasado, sin ofrecer, tan siquiera, el debido proceso de ley.