Además de nombramiento de monitor.

La Casa Blanca condicionará los fondos de recuperación para Puerto Rico que están pendientes en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) a que la Junta de Control Fiscal supervise el uso de los fondos, según fuentes de The Washington Post.

En un informe publicado hoy, el diario de la capital federal dice que Casa Blanca baraja cuatro restricciones principales: mayor control de los fondos a la Junta, que a los obreros en los proyectos de construcción financiados con fondos federales se les pague menos de $15 la hora (una orden ejecutiva del exgobernador Ricardo Rosselló que el sector de la construcción objetó), crear un nuevo sistema de registro de propiedad que evite el fraude y que ningunos de los fondos vaya a la red eléctrica, la cual ha sido objeto de comentarios del presidente Donald Trump.

La restricción sobre uso para la red eléctrica adquirió crucialidad la semana pasada cuando un terremoto de 6.4 grados provocó un apagón general que volvió a poner en vitrina la fragilidad de la red y hasta sacó de carrera completamente la planta Costa Sur. Se esperaba que unos $1,900 millones del dinero de HUD fueran para mejorar la red eléctrica, que representan el activo principal que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica para satisfacer los acuerdos con sus acreedores en el proceso de quiebra en el que está la corporación pública.

El Post añade que estas condiciones se discutirían con el Gobierno de Puerto Rico esta semana. El presidente de la Junta, José B. Carrión III, le indicó al diario que tener más autoridad ‘no es algo que buscamos’ pero que el ente creado por la Ley PROMESA está conteste con ayudar para que el gobierno federal suelte el dinero de recuperación. ‘No lo vemos como un juego de poder’, le dijo Carrión al Post. ‘Queremos hacer nuestra parte para que el gobierno se sienta cómodo y los fondos fluyan a la gente de Puerto Rico que los necesita. Queremos alejarnos de que Puerto Rico sea una situación problemática’, añadió.

El informe del Post viene después de que esta semana HUD se comenzara a mover, tras amplias críticas de dejadez y hasta violación de la ley por no desembolsar los fondos ya aprobados por el Congreso. HUD nombró como monitor financiero de los fondos a Robert Couch, exasesor de la agencia federal. Además, publicaron las guías para tener acceso a 8,200 millones de dólares en fondos de mitigación de desastres bajo el programa ‘Community Development Block Grant- Disaster Relief’ (CDBD-DR). Se suponía que la fecha límite para que las guías se publicaran era el pasado 4 de septiembre según había ordenado el Congreso, pero no fue así.

Esta semana, el precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la comisaría residente, Juan Carlos Albors, reveló también que la General Accounting Office (GAO), una entidad investigativa del Congreso federal con autoridad para pesquisar a las demás ramas de gobierno, había iniciado una investigación contra HUD por su tardanza en el proceso de desembolso de los fondos. Albors indicó que el lunes pasado Omari Norman, Assistant General Counsel para asignaciones federales de GAO, le confirmó el inicio de la investigación resultado de su reclamo en octubre por la ‘confiscación’ de los fondos aprobados.

Los 8,200 millones de dólares forman parte de la asignación de sobre 20,000 millones de dólares en fondos CDBG-DR para Puerto Rico luego del huracán María que son parte la Ley Bipartita de Presupuesto de febrero de 2018.

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico cuenta con 1,500 millones de dólares para continuar trabajos de manejo de emergencias luego de María, lo que ayuda a que el proceso de desembolso continúe.

Legisladores demócratas en el Congreso enviaron recientemente una carta a Trump pidiendo el dinero para la isla y hoy la fiscal de Nueva York, Letitia James, señaló en un mensaje enviado a los puertorriqueños que no tiene miedo de pelear contra Trump y que podría volver a los tribunales para que sean liberados todos los fondos para la isla. El grupo Power 4 Puerto Rico se ha movilizado en Nueva York, Washington DC y Filadelfia para protestar el ‘racismo’ de Trump al retener los fondos.