Reside en la Ley 100.

La ‘idea’ presentada por el senador Miguel Romero Lugo para resolver el tranque entre el Senado y la Cámara de Representantes respecto a la derogación de la Ley 80, que aborda el despido injustificado, reside en ampliar las protecciones de la Ley 100 sobre el discrimen en el empleo.

En su manera más amplia, la Ley 100 de 1959 se postula en contra del discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia domestica, agresión sexual o acecho.

Aunque insistió en que la medida se encuentra en sus comienzos, Romero Lugo resumió que se trata de ‘fortalecer algunas protecciones que hay en leyes discriminatorias’, porque hay preocupaciones de que por ejemplo, si se deroga la Ley 80, alguien aproveche eso para discriminar contra empleados que llevan mucho tiempo trabajando’.

Como ejemplo, el Senador por San Juan mencionó a las mujeres embarazadas, las personas homosexuales y los trabajadores con más de 20 años en su empleo como parte de los más vulnerables y propensos a ser despedidos bajo condiciones ‘sospechosas’.

Los detalles surgieron luego de finalizado el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el cual los participantes se negaron a explicar las especificaciones de la propuesta.

En el cónclave, los senadores no lograron un acuerdo claro respecto al futuro de la Ley 80 mediante el Proyecto del Senado 1011, según enmendado por la Cámara de Representantes. En su lugar, se auto otorgaron un plazo de 48 horas para evaluar la ‘idea’ de Romero Lugo.

‘La idea como yo la visualizo no me parece que sea una enmienda tan compleja. Obviamente, como el proceso es complejo yo creo que con un artículo que se enmiende específicamente la Ley [100] pues podríamos subsanar’, explicó Romero Lugo, quien contó que sometió un documento de trabajo con el borrador de la idea a sus correligionarios.

En su propuesta no se considera mantener la mesada a los empleados despedidos de manera injusta como provee la Ley 80.

Este estatuto, vigente desde el 1976, estipula que todo empleado que sea despedido sin que haya mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización basada en equivalentes de tiempo trabajado.

Por otra parte, la propuesta de Romero Lugo no tomó en consideración la enmienda de la Cámara de Representantes que dispone la creación de un fondo de $100 millones para compensar a trabajadores despedidos de la empresa privada, ni en el fondo para los municipios.

‘Yo no entre que si en los 100 millones, que si los dineros de los municipios. Es importante hacer todo lo que este en nuestro alcance para salvar el bono de Navidad del sector privado, el sector público, los compromisos que hay y que se pudieron haber acordado’, señaló.

La derogación de la Ley 80 surgió como un acuerdo entre el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) a cambio de, entre otros puntos, salvar el bono de Navidad y evitar una reducción adicional a los días de enfermedad y vacaciones a los empleados de empresa privada.

En cuanto a preocupaciones sobre la viabilidad de la propuesta ante la JCF, Romero Lugo no mostró preocupación con la inherencia del ente.

‘Sin hablar de una propuesta en específico porque no está, yo pienso que, como idea, no veo forma que puedan oponerse [la JCF] a algo, primero porque no es una ley nueva. Está. No hay clasificaciones que se añadirían. Son unos remedios adicionales y esa facultad está y no tiene que ver ni con presupuesto, ni con asuntos fiscales. Del mismo modo que ha habido apertura para mirar otras cosas, yo lo que espero es que se evalúe’, aseguró el Senador.

El jueves, a la una de la tarde, los senadores sostendrán otro caucus. En esa ocasión, el gobernador participará vía telefónica, pues se encontrará de viaje.

Se espera, según Rosselló Nevares, que ese día tengan un ‘curso de acción bien claro’ sobre la Ley 80.