Magistrada decidió sobre acceso a documentos.

Una magistrada federal dictaminó que los materiales base que se usaron para preparar los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico para 2017 y 2018 tienen caracter de privilegiados y pueden mantenerse confidenciales.

A la vez, la magistrada decidió que, en el contexto del litigio por la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias, esos materiales pueden ser descubiertos como evidencia para que los acreedores, bonistas y aseguradoras de bonos puedan usarlos para evaluar un futuro plan de ajuste de cuentas en el proceso de quiebras.

Estos dos extremos, por un lado que los documentos son privilegiados pero por el otro que los documentos se pueden tener que entregar como evidencia en un descubrimiento de prueba, produjeron un tercer pronunciamiento de la magistrada Judith Dein ayer. Esto es que, cuando los acreedores quieran usar los documentos en el proceso de quiebras, entonces el gobierno va a poder argumentar, documento por documento, si deben o no deben ser divulgados en el caso de quiebra.

La determinación no es crucial en este momento porque los documentos del Plan Fiscal de 2017 ya fueron compartidos a acreedores, sujetos a órdenes y acuerdos de confidencialidad entre las partes. Sin embargo, la determinación puede tener ramificaciones perjudiciales para que otras partes, que no son el gobierno o los bonistas, puedan tener acceso a los documentos.

De hecho, la determinación de Dein es un eco de una decisión que ya tomó el Tribunal Supremo en la demanda del senador Eduardo Bhatia por conseguir acceso a esos mismos documentos, en la que el Alto Foro resolvió que el gobierno podía reclamar un privilegio de proceso deliberativo sobre esos documentos. Ese privilegio se refiere a los documentos y las comunicaciones que el gobierno evalúa antes de tomar una decisión final sobre un asunto en particular.

En el caso resuelto por Dein, se busca acceso al desarrollo de los planes fiscales, incluyendo comunicaciones del gobierno, la Junta de Control Fiscal, sus contratistas, y las fórmulas y presunciones que se usaron para desarrollar los planes.

‘(Los acreedores, bonistas y aseguradoras de bonos) no están buscando retar los planes fiscales. En vez, están buscando información para entender el pasado, presente y futuro de la condición fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esta información será la base de cualquier plan de ajuste. Esto es un propósito apropiado para que sean descubribles como evidencia pajo la Regla 2004’, argumentó Dein.

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