La directora de la Oficina del Contralor de Puerto Rico Yesmín Valdivieso atribuyó las fallas encontradas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los cambios constantes suscitados en los puestos de gobernanza, provocados por intereses del partido político que se encuentre en el poder.

‘Nosotros vemos un problema que va un poco más allá y es el problema que en siete años la Universidad ha tenido siete presidentes. Que en siete años cada vez que cambia un Presidente, cambian los rectores, que hemos tenido períodos donde la Junta [de Gobierno] no ha estado funcionando’, esbozó Valdivieso, cuyas declaraciones se basaron en los resultados de las auditorías a la institución.

A esto añadió que ‘basta del ‘cambieteo’. Ahora viene otro Presidente, que me imagino que será el último, pero hasta que llegue el próximo’.

De acuerdo a la Contralora, el cambio de Ley de la Junta de Síndicos hasta convertirla en la Junta de Gobierno de la UPR fue un ‘error fatal’, pues dio paso a un juego político más agudo.

‘Cualquier entidad pública debería tener una junta donde haya memoria institucional. La razón que te dan es que van a despolitizar la Universidad y de momento la politizaste diciendo que cuando sean populares, pues son populares, y cuando sean penepés pues son penepés. Dónde está la despolitización? O sea, si la Universidad de verdad quiere echar pa’lante, tiene que despolitizar las acciones, que no tengan nada que ver con quién esté en el poder’, subrayó.

Desde el 1 de julio de 2010 hasta el presente, la Oficina de la Contralora ha emitido 63 informes sobre la UPR en donde se explican las razones detrás del ‘derroche’ de dinero en la institución educativa. Además del canje de funcionarios basado en el partido al que apoyan, señalan la ausencia de reglamentación actualizada y la poca o ninguna confluencia entre los 11 recintos y unidades como otros protagonistas de las deficiencias de la Universidad.

‘Cómo hemos llegado a esto? Bien fácil, léanse los informes del Contralor. El problema es que son 11 recintos y cada cual lo hace como le da la gana. Tienen que haber instrucciones claras de cómo se van a hacer las cosas, cómo se va a pagar. La Universidad está tan desparramada en toda la Isla que se les olvida que son un solo centro que debería seguir los mismos procedimientos no importa dónde esté’, añadió.

De esos 63 informes, a la Administración Central de la UPR —la cual incluye los Sistemas de Retiro, la Editorial UPR, Parking System y Servicios Médicos Universitarios, Inc—, le corresponden 18. En ellos, se han encontrado 89 infracciones.

En cuanto a los recintos y las unidades, los informes son protagonizados en gran medida por: el Recinto Universitario de Mayagüez (11), la UPR en Bayamón (6) y la UPR en Carolina y el Recinto de Ciencias Médicas (cinco cada uno).

Los hallazgos se dividen entre problemas de planificación por parte de los controles administrativos, irregularidades en las compras, cuentas por pagar y los desembolsos, así como las áreas de propiedad, servicios profesionales, construcción de obras y mejoras permanentes, entre otros.

El desembolso más costoso fue el de $80 millones para el sistema Oracle, uno que no ha sido puesto en total funcionamiento.

Por otro lado, Valdivieso determinó ‘borrón y cuenta nueva’ en cuanto al cobro de salarios de profesores durante la huelga universitaria.

‘Entiendo que se determinó que iba a ser un borrón y cuenta nueva. La realidad es que desde 1999 se habían llegado a unos acuerdos [arbitrajes] de, como la universidad estaba tan boyante y tenía tanto dinero, pues decía que si la huelga no era culpa de los profesores, pues los profesores podían seguir cobrando. Yo no tengo ningún problema, si trabajas cobras, o si estás en una licencia, ya sea de vacaciones o de enfermedad. El problema es que no se le estaba cargando a absolutamente nadie’, declaró.

En ese aspecto, la Contralora agradeció a la Secretaria de Justicia —Wanda Vázquez Garced— y a la Legislatura por atender el asunto.

Presidente de la Junta de Gobierno quiere más ‘consecuencia’

En respuesta a las recomendaciones de Valdivieso, el presidente interino de la Junta de Gobierno de la UPR abogó por la implementación más rigurosa de las penalidades correspondientes. A su entender, las determinaciones de contraloría no logran una consecuencia más severa.

‘Lo que hemos visto al menos hasta ahora es que se hacen unas recomendaciones, a veces se destituye a personas de puestos y no hay una consecuencia mayor como sería suspenderlo del empleo o despedirlo. Tiene que haber consecuencia. Al menos el Comité que nosotros vamos a estar trabajando de Ética, el Contralor y demás, las conversaciones que vamos a tener, es que lo que queremos es que haya consecuencia. Hemos visto que no hay consecuencia con los hallazgos y recomendaciones del Contralor’, aseguró Walter Alomar Jiménez.

El abogado indicó que la Junta de Gobierno evaluará la situación para determinar desde dónde proviene esa ‘falta de consecuencia’, si es a nivel administrativo en la institución o si corresponde a otra agencia.

‘Nosotros lo que queremos es que al final del día haya consecuencia, no solo con lo del Contralor sino con toda la Universidad de Puerto Rico. Todo tiene que tener consecuencia’, declaró.

Del mismo modo, a su juicio, el problema de la politización de la Universidad le corresponde al gobernador.

‘Eso le compete al gobernador, en realidad no es una de mis prioridades. La prioridad que nosotros tenemos era la de recuperar los fondos federales, estamos trabajando para allegar más fondos a la Universidad de Puerto Rico para que el impacto por la matrícula a los estudiantes sea el menos posible’, finalizó.

Alomar Jiménez, así como Zoraida Buxó Santiago —vicepresidenta interina de la Junta de Gobierno— fueron nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en momentos en que el ente institucional estaba inoperante.