En la pasada reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), el ente federal determinó que en Puerto Rico se debe reducir la jornada laboral, así como las pensiones de los funcionarios de Gobierno jubilados. Sin embargo, durante el cónclave –llevado a cabo en el Hotel El Conquistador, en Fajardo– no hubo participación de los gremios de empleados públicos ni los pensionados para manifestarse en contra de los decretos.

En el transcurso de la reunión, y en el espacio provisto para estos efectos, solo dos personas realizaron comentarios en respuesta a los temas discutidos: el abogado John Mudd y el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Jorge Irizarry Herranz, quien también lideró la Junta de Síndicos de la Administración de Sistemas de Retiro y ahora representa a la organización Bonistas del Patio.

En entrevista con NotiCel, el abogado Rolando Emmanueli lamentó que los más afectados por las resoluciones de la Junta no participen en los foros pertinentes para defender sus derechos.

‘Es lamentable el grado de desarticulación que tienen los sectores que están siendo golpeados primariamente por la Ley PROMESA y por la Junta. […] A mí me parece que todos los foros en los cuales se van a debatir estos asuntos son pertinentes para que todas esas organizaciones participen’, declaró.

El abogado mencionó que gran parte de la participación en el proceso de quiebra que enfrenta Puerto Rico en los tribunales proviene de los representantes de los bonistas y de individuos sin vinculación alguna a Puerto Rico.

‘Cada vez que vamos a la corte a una sesión de Titulo III si hay 125 abogados, hay cinco abogados puertorriqueños. Es una cosa abrumadora. […] Los que están jugando en la cancha son los abogados de los bonistas cuando las medidas de austeridad que se están imponiendo para poder pagar los bonistas afectan al pueblo’, subrayó.

Emmanueli exhortó a los puertorriqueños a ser más proactivos en cuanto a los procesos de la Junta se refiere.

Ese día, la JCF impuso un recorte en dos días por mes para cada empleado, a excepción de la Policía y empleados de la Junta, lo cual representa un 10% menos en sus salarios. Todo esto, con el fin de alcanzar ahorros de $218 millones.

‘La reducción de la jornada laboral implicaría un detrimento de la calidad de vida de los servidores públicos y sus familiares, lo que agravaría la ya maltrecha situación económica de cientos de miles de ciudadanos’, expresó el director ejecutivo de la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) Pablo Crespo Claudio, en declaraciones escritas.

Empero, la asociación no participó de la novena reunión de la Junta. La razón para ello, según informaron a NotiCel, reside en que el comité de gobernanza de la AEELA —que toma las decisiones del colectivo—, no estuvo certero sobre la reducción de jornada laboral hasta que el ente federal lo propuso ese momento. Igualmente, el grupo ejecutivo tuvo su reunión en una fecha posterior a la de la Junta, por lo que el pronunciamiento en contra surgió después.

‘La reducción en la jornada laboral pública, junto a las rebajas en las pensiones, tendrían un efecto cascada y devastador en la economía local y en el bienestar de miles de familias puertorriqueñas, y eso no puede ocurrir’, añadió Crespo.

A pesar de la decisión de la JCF, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares impartió órdenes a su administración para no implementar la reducción de jornada laboral. La ‘desobediencia’ por parte del Primer Mandatario, según ha dejado saber el ente federal, podría resolverse en los tribunales.

En esa línea, Crespo Claudio y otros miembros ejecutivos de la AEELA reconocieron la negativa del gobernador de acatar las decisiones de la Junta y se pusieron a la disposición de los funcionarios legislativos para mostrar oposición a los dictámenes del ente federal, habilitado por la Ley PROMESA.

Además de disminuir los días de trabajo, la Junta impuso un recorte de 10% en las pensiones para el año fiscal 2020, cambios que se verían de forma progresiva y con protecciones dirigidas a todos aquellos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza.

De la misma forma, las protestas en contra de la Junta en las afueras de las sedes de las reuniones han mermado, pues los espacios han estado custodiados por un alto contingente de policías. Sin embargo, la oposición no se ha disipado del todo.

El próximo 31 de agosto, la Jornada Se Acabaron Las Promesas realizará una manifestación en la Milla de Oro, en donde se encuentra una de las oficinas de la Junta, por motivo del aniversario de la designación de los siete miembros principales del ente federal. El grupo también participó de los eventos en repudio al plebiscito de status y al depósito de cenizas.

Por otra parte, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda también se ha mantenido activo en respuesta a los decretos de la JCF. El martes, por ejemplo, el colectivo envió una carta a la jueza Judith Dein del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para respaldar el pedido que le hiciera la también jueza Laura Taylor Swain —encargada de atender el proceso de quiebra de Puerto Rico— para ordenar una investigación independiente sobre el rol del Banco Popular, Banco Santander y el BGF en la deuda pública de Puerto Rico.

El Frente anunció para mañana, miércoles, una manifestación por la auditoría y contra las imposiciones de la Junta de Control Fiscal a las 10:00 am frente al Tribunal Federal en la avenida Chardón de hato Rey. A la manifestación se le unirán organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y religiosas.

Durante el cónclave del pasado viernes, la Junta reveló que José Carrión III, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González estarían a cargo de la investigación sobre la deuda del País, no obstante, el colectivo aboga por una auditoría ciudadana.

Esto se debe a que los también miembros de la JCF Carlos García y José Ramón González han sido señalados como contribuyentes del establecimiento y fortalecimiento de Santander Securities, la división encargada del negocio de bonos municipales del banco. Además, tras fungir como expresidentes del Banco Santander, se les atribuye gran parte del total de la deuda de Puerto Rico, la cual sobrepasa los $70 mil millones.