Washington – Hace un año los congresistas depositaron su voto sobre el futuro fiscal de Puerto Rico. Al lado de la mayoría de los nombres en la pizarra del salón cameral se prendió la bombilla indicando el ‘sí’ a la Ley PROMESA, cuyo título para algunos parecía un chiste de mal gusto. Las discusiones cuando se debatía el proyecto parecieron un presagio de lo que venía – un año lleno de ansiedad, de recriminaciones, de protestas en los recintos universitarios y en las calles. Un año de disputas en las salas de los tribunales y de ejecutivos trajeados enfrascados en negociaciones fallidas.

‘Esto va a ser un período muy largo, pero si al final de este tiempo hay una reestructuración significativa de la deuda, entonces es el comienzo de alguna esperanza para el pueblo de Puerto Rico’, explicó el exconsejero del secretario del Tesoro durante la administración del presidente Barack Obama, Antonio Weiss, quien fue clave en la creación de lo que resultó ser la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en inglés).

A cambio de permitir la reestructuración, los congresistas que deseaban imponerle una disciplina fiscal a Puerto Rico establecieron la Junta de Control Fiscal (JCF) para regir las finanzas del país. Hoy, algunos de los ‘padres’ de esta proyecto no están muy contentos con el grupo nombrado por Obama.

El responsable de velar cómo se está implementando PROMESA en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, expresó la semana pasada que ‘los elementos del éxito están ahí’, al referirse a la capacidad de la ley para enfrentar la crisis, y que la Junta iba por ‘el camino correcto’.

Pero parece haber cambiado de parecer cuando la Junta rechazó el martes el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se empezó a negociar antes de que existiera PROMESA.

Como otros republicanos en el Comité y en el Congreso, quienes han dialogado bastante con los cabilderos de varios grupos de bonistas, el representante Bishop apoya el acuerdo ya negociado y se mostró frustrado por la lentitud y rechazo final de la Junta.

‘El rechazo de la Junta de ese acuerdo, sin ningún camino claro, generan más preguntas sobre el futuro económico de la isla y el Congreso querrá respuestas a esas preguntas’, advirtió Bishop, quien informó que pensaba llevar a cabo vistas sobre la implementación de PROMESA en agosto o septiembre.

La presión republicana hacia la Junta se ha ido acumulando. Los senadores Tom Cotton y Thom Tillis, de Arkansas y Carolina del Norte, respectivamente, reclamaron mayor prioridad al pago de los bonistas y aludieron a que la isla no recibiría grandes asignaciones de fondos federales. A esto se suman las peticiones de cabilderos y asesores para que el presidente Donald Trump cambie algunos miembros de la Junta.

En el lado demócrata, Nydia Velázquez de Nueva York y Raúl Grijalva de Arizona, líder de la minoría demócrata en el Comité presidido por Bishop, urgieron a la Junta a rechazar el RSA, afirmando que mayores pago a los bonistas no pueden ir sobre el pueblo que tendría que pagar tarifas más alta de electricidad.

Desde el comienzo del debate sobre PROMESA, Weiss, los demócratas y varios expertos, insistieron que el Congreso debía implementar varias medidas dirigidas hacia el desarrollo económico de Puerto Rico.

Estas incluían equidad en los fondos de Medicaid y Medicare para sufragar los $2,000 millones que se gastan en servicios de salud anualmente; el crédito por trabajo para las familias en Puerto Rico, y una inversión significativa en proyectos de infraestructura para a su vez generar empleos.

‘Que PROMESA evitó que ocurriera lo peor? Quiero creer que sí. Se ha encaminado por la trayectoria que yo esperaba? No’, reconoció Grijalva.

Cesantear empleados, reducir la jornada laboral, reducir servicios de salud, recortar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y las pensiones en hasta un 10% empeora la situación económica y no ayuda a detener el flujo de puertorriqueños saliendo del país, sostuvo Grijalva.

‘Tenía la esperanza de que en el proceso de estabilizar la economía, hubiésemos hecho unas inversiones significativas que tuvieran un impacto. Independientemente de PROMESA, eran cosas que el gobierno pudiera haber hecho y no lo ha hecho, que pusiera la gente a trabajar, a ofrecerle oportunidades’, criticó Grijalva.

Desde que se creó PROMESA, la voluntad de la mayoría republicana se reflejó en la legislación. Y se está reflejando en las reformas en Puerto Rico. La reforma laboral reduce beneficios a los empleados y perjudica a los sindicatos; la consolidación de agencias gubernamentales y la reducción de la nómina de empleados, y la privatización de servicios, carreteras e instalaciones hospitalarias, forman parte de la filosofía conservadora que impulsaron los republicanos al redactarse la ley.

Al ser la primera vez que se aprueba el plan fiscal y un presupuesto bajo PROMESA, se esperaban escollos. Para el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, estas piedras continuarán en el camino.

Puerto Rico pasó por una contracción en la economía de un 14 por ciento desde el 2016 cuando expiraron ciertas estipulaciones de la Sección 936, que ofrecía exenciones e incentivos contributivos a compañías manufactureras que operaban en Puerto Rico. El plan fiscal aprobado en abril por la Junta Fiscal contempla una reducción económica de 10 por ciento más en la década que termina en el 2026, anticipando más medidas de austeridad.

‘Mientras vayan implementando el Plan Fiscal, va a ir aumentando la presión y la confrontación entre el gobierno y la Junta. Mientras más se aprieten los tornillos y se acerquen las elecciones del 2020, vamos a ver más enfrentamientos’, puntualizó Marxuach.

Si el Gobierno de Puerto Rico no recorta otros $319 millones del presupuesto aprobado, la Junta amenazó con imponer su ‘cuadre’, ya sea implementando una reducción de jornada laboral, eliminando el bono de Navidad, pero preferiblemente sin afectar servicios esenciales. Al momento, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares no especifica cuáles son estos servicios.

Estos asuntos serán discutidos hoy, viernes, en la octava reunión pública de la JCF en San Juan.