La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), que había demandado a la Junta de Control Fiscal (JCF) para evitar recortes a las pensiones de los jueces, entró en un acuerdo para mantener negociaciones con la Junta, por ahora, fuera del marco del caso de quiebra del gobierno ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

El acuerdo fue anunciado mediante estipulación el miércoles a la jueza Swain. Mientras esto ocurre, todavía está en veremos el tipo de ajuste final que tendrá que hacer a las pensiones de los empleados públicos el gobierno de Puerto Rico y también está pendiente la designación de un comité para representar los intereses de todos los pensionados de la estructura pública. La movida de los jueces deja la pregunta de si ellos serían tratados en un mismo comité con los demás pensionados o si se les tratará aparte.

Mientras duren las negociaciones, los jueces se comprometen a no pedirle a la jueza Swain que haga una excepción en su caso y levante la paralización de pleitos que se activó cuando el gobierno radicó la quiebra. Por otro lado, si la negociación se cae, la Junta de compromete a no impugnar la demanda de los jueces utilizando motivos relacionados al paso del tiempo.

En su demanda del 3 de mayo pasado, los jueces solicitaron que se declarara ilegal cualquier cambio que el Plan Fiscal provoque en sus pensiones, no en las de los demás empleados públicos, porque entienden que cualquier modificación de sus pensiones implicaría una reducción retroactiva de su sueldo que, sostienen, no es legal.

El plan que está sobre la mesa llama a que, si no hay ahorros suficientes en otras partidas del presupuesto, se podrían implantar o un recorte de 10% a todas las pensiones, o una escala de reducción escalonada para las pensiones de más de $2,000 mensuales. En este grupo estarían la mayoría, si no todos, los jueces.

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