El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no descartó seguir negociando con bonistas de Puerto Rico, pero solicitó a la Junta de Control Fiscal (JCF) que el gobierno se pueda acoger al Título III de la Ley federal PROMESA.

‘Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño’, sentenció el Primer Ejecutivo en rueda de prensa hoy, miércoles.

A pocas horas de vencer la moratoria elmartes, las demandas deacreedores de Obligaciones Generales (GOs)y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) demandaron al gobierno.

Rosselló Nevares aseguró que la Junta respondió afirmativamente a la solicitud de su administración. A su vez, el representante del gobierno ante la JCF, Elías Sánchez, recalcó que se esperó hasta ahora para solicitar esta disposición de PROMESA ya que la ley federal establece que primero se debía cumplir con tener un Plan de Ajuste Fiscal.

El Gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la Junta. Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.

RossellóNevares sostuvo que siempre optó por sentarse con los acreedores pero estos nunca estuvieron de acuerdo con el Plan Fiscal por entender que no les favorecía.

‘Tomé la decisión de solicitarle a la Junta que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del Plan Fiscal’, dijo Rosselló en conferencia de prensa.

Sánchez catalogó como un acto de mala fe que los bonistas no hayan transado con el Gobierno y solicitaran que se utilizara todo el dinero del Departamento de Hacienda para pagarles.

‘El plan fiscal sigue en curso y estamos defendiendo un Plan fFscal en el que entendemos que hay recortes, hay retos y hay dificultades, pero ese Plan Fiscal algunos acreedores están tratando de hacer es decir que no es válido para poder extraer más capital y más dinero. Por lo tanto, nosotros protegemos ese dinero que ya estaban asignados al pago de la deuda y de ahí se a a llevar a cabo ese proceso de Título III’, concluyó el Gobernador.

Los bonistaspueden retar la solicitud del Título III en 120 días.Este estatuto de PROMESA paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del Gobierno, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

El Gobernador también adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley PROMESA.

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