La Junta de Control Fiscal (JCF) pidió ayer al juez federal Francisco Besosa que paralice el pleito que implantaron los acreedores de bonos de Obligaciones Generales (GO) y que les otorgue un periodo de seis semanas para negociar la deuda de Puerto Rico.

Si no detiene el pleito en lo que se considera una apelación que la Junta sometió también ayer, el ente pide la alternativa de que se extiendan hasta el 19 de mayo de 2017 los plazos que hay en el caso para proseguir la radicación de mociones y el litigio.

Esta solicitud de tiempo, o por la espera de la apelación o por la extensión de los plazos, está basada en la recién certificación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico que la Junta usaría como base de la negociación. Si el juez accede a la solicitud, la Junta lograría que, al menos este pleito que es uno de los principales, quede pospuesto casi tres semanas más de la fecha oficial de expiración de la moratoria de pleitos de la Ley PROMESA, la cual expira el 1 de mayo.

En la apelación, la Junta sostiene que Besosa se equivocó al permitir que el pleito continuara a pesar de la paralización de pleitos de PROMESA.

‘La (Junta) merece toda las oportunidades para ver si puede cumplir con su mandato antes de que expire la paralización de pleitos bajo la Ley PROMESA’, dijo la JCF en su moción a la vez que, a contrapelo, indican que los demandantes no sufrirán por la paralización del pleito porque no se trata de que no van a tener de dónde cobrar ya que la fuente de repago son los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), una fuente de dinero que la Junta caracterizó como ‘perpetua’.

Tras la certificación del Plan Fiscal el lunes, el gobernador Ricardo Rosselló le dijo al diario Financial Times que iniciaría negociaciones ‘de inmediato’ con los acreedores, que se movería ‘rápido’ y que serían ‘agresivas’.

En su moción, la Junta dijo que la negociación ‘ha alcanzado un punto crítico’. ‘Estas últimas semanas de la paralización de pleitos de PROMESA serán extremadamente intensas y exigentes para las partes’, aseguraron.

Según el Plan Fiscal certificado, en los próximos años sólo habría disponibles $787 millones anuales, en promedio, para pagar una deuda que, también en promedio, es de unos $3,400 millones anuales. Lo cual lleva a una proporción de sólo 23% de capacidad de pago, o lo mismo que 23 centavos de cada dólar.

El pleito encabezado por los demandantes Lex Claims LLC se considera el principal que está pendiente en los tribunales sobre la deuda de Puerto Rico porque enfrenta a los bonistas de GO contra los bonistas de COFINA, la entidad jurídica que se creó para tomar prestado con el IVU como repago. La controversia principal es si los ingresos del IVU son un desvío ilegal o no de dineros del Fondo General. Los bonistas de GO reclaman los dineros del Fondo General y los de COFINA reclaman los ingresos del IVU pero, como no hay para pagarle a ambos, cada uno ha enfilado sus cañones al otro para poder acceder a sus respectivos potes.

Los bonos de GO se venden actualmente a 70.25 centavos por dólar y los de COFINA a 65.5 centavos por dólar.

Mira la moción y la apelación abajo:

Moción y documento de apelación de la Junta de Control Fiscal – NotiCel_23623