La característica de que el operador sigue siendo un privado, a pesar de que está obligado a representar a la AEE, levanta dudas.

En la continuación ayer de las vistas para revisar la tarifa básica de energía eléctrica, se abundó en la dualidad de roles que tiene LUMA Energy, según el diseño del contrato de operación privada que se le aprobó durante el cuatrienio Ricardo Rosselló-Wanda Vázquez.

Ese esquema dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no desaparece del todo, pero tiene funciones muy limitadas porque son los operadores privados, LUMA en la transmisión y dustribución y Genera PR en la generación, los que la representan para la mayoría de sus responsabilidades legales principales. Como si la corporación pública fuera un menor de edad, o un incapacitado legal, y los operadores fueran sus tutores.

El rol dual de LUMA y Genera de que son, a la vez, entidadades privadas con la misión de beneficiar a sus accionistas y también representantes de una utilidad pública ha surgido ya durante las vistas y está al centro de la controversia principal que mantiene la Administración González Colón en cuanto a cómo LUMA recauda y administra dinero público de las tarifas.

El proceso que atiende el oficial examinador Scott Hempling en nombre del Negociado de Energía (NE) recaló en esto ayer en varias áreas.

El exsecretario de Justicia, ahora jefe de Legal de LUMA, Ángel Rotger Sabat, planteó que mantiene un control de los gastos legales en los que incurre, que no son solo los de su equipo interno sino los de bufetes externos que pueden cobrar hasta $1,300 la hora, para que asuntos que tienen que ver estrictamente con sus disputas con el gobierno sobre su contrato no se paguen con los $115 millones que el gobierno les paga para operar el sistema. Pero también argumentó que, por ejemplo, lo que les cuesta defenderse de 266 casos activos que tenían ante el NE hasta junio pasado, tiene que salir de los gastos que el gobierno paga adicionales a sus $115 millones porque lo hacen en representación de la AEE y por el bien del sistema.

Durante su turno de preguntas, el representante de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), Pedro Vázquez Meléndez, enfatizó que eso incluye casos en los que LUMA litiga contra abonados por las fluctuaciones de voltaje o por cobros ilegales, incluso en etapas apelativas, más allá del negociado. Añadió que no hay forma de hacer que LUMA responda por el dinero que gastan en estos casos.

“El hecho de que LUMA ejerza sus derechos en nombre de la AEE, para el sistema, no implica que es un desperdicio del dinero de los abonados”, ripostó Rotger Sabat. Hempling le reconoció al representante de la OIPC que su preocupación es “legítima” y que también lo pueden ser las posturas de LUMA. “Cuál es la línea divisoria, en un contexto de litigio, entre hacer cosas que son buenas para el sistema y hacer cosas que son buenas para LUMA”, dijo el oficial examinador a manera de resumir la pugna.

El cuestionamiento surgió también por los gastos en los que incurre LUMA al comparecer en el caso de quiebras de la AEE, cuando ya se supone que los intereses de la corporación pública estén representados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y también por el gobierno mediante la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), quienes comparecen, ambas, con sus propios abogados pagados con fondos públicos.

Karen Smith, representante de los bonistas de la AEE en ese proceso de quiebra, también levantó ayer el punto de cómo LUMA tiene un interés financiero particular para comparecer directamente en ese caso. Esto, porque, hasta que esa quiebra no termine, no empiezan a correr los 15 años del contrato fijo entre el operador y el gobierno ni el operador puede comenzar a cobrar incentivos por desempeño y porque, hasta que no termine, la AEE no puede ir al mercado a buscar dinero para obras capitales.

Si se consigue dinero en el mercado para financiar obras, ese costo no tiene que sacarse del abonado todo de un cantazo y permite bajar las tarifas, lo que, a su vez, pone a LUMA en mejor posición de cobrar sus incentivos, resumió Hempling. A lo que LUMA recordó que el pago anual que puede recibir bajo el contrato fijo es menor que los $115 millones que cobran ahora, aún sumando la posibilidad de incentivos.

Más temprano, el cuestionamiento de los roles duales surgió también cuando el operador admitió que ha usado para material promocional que les beneficia como empresa, que ha sido recopilado por empleados de publicidad que se pagan como gastos y que no pagan ellos con sus $115 millones.

El proceso de revisión tarifaria completo está programado para tomar hasta abril de 2026. Lo único que va a atender es la tarifa básica, que es solo uno de los componentes de la factura. Estas primeras vistas son para que los operadores del sistema defiendan las peticiones de presupuesto que hicieron y para que el NE establezca cuál es la cantidad de dinero que se supone sea recuperado de los abonados mediante esa sección básica de la factura. De manera más comprimida, del 15 al 19 de diciembre, las vistas deben cubrir el tema de cómo se va a diseñar la tarifa básica para recuperar los costos establecidos. Entonces, en una fecha no establecida a principios de 2026, deben ocurrir vistas para que el público comente sobre estos elementos. Ya está en vigor un aumento provisional en la tarifa básica que sería reconciliado con la cantidad final de la tarifa básica que resulte de este proceso en abril de 2026.

Por disposición de la Ley 17 de 2019, se supone que el costo de energía sea “asequible, justo, razonable, y no discriminatorio para todos los consumidores de servicio eléctrico” y que resulte en un “servicio confiable, al menor costo razonable”.

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