Organizaciones comunitarias y defensoras del ambiente rechazaron el lunes, el proyecto de ‘reforma’ de permisos que se considera en la Legislatura (los Proyectos del Senado 310 y la Cámara 752, que son virtualmente identicos) y denunciaron la concentración de poderes que el proyecto adjudica al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP).

‘Este proyecto pone en peligro la salud y los recursos naturales de nuestro País, puesto que irresponsablemente estipula unos términos arbitrarios para las evaluaciones ambientales, y autoriza a OGP a aprobar los proyectos una vez expire dicho término, aunque no se hayan terminado las evaluaciones,’ expresó Pedro Saadé, reconocido profesor de Leyes en declaraciones escritas.

‘Aceptamos que son necesarios cambios o reformas que faciliten permisos de usos para estructuras en zonas urbanas y para acelerar negocios en ellas, sin afectar la paz vecinal, pero el PS310/PC752 va mucho más allá de lo necesario al abandonar o debilitar protecciones en otras áreas naturales y comunales’, continuó.

‘Con la crónica escasez de personal y con la crisis económica y el próximo recorte de fondos que se anticipa, difícilmente las agencias podrán cumplir dichos plazos. Es irresponsable proponer que la OGP pueda aprobar un proyecto sin la recomendación de la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y el Instituto de Cultura Puertorriqueña’, añadió la licenciada Ruth Santiago, del Colegio de Abogados y Abogadas. ‘Esto equivale a perpetuar la aprobación de permisos ‘fast track’ deficientes que tantos desastres han provocado en nuestra isla, como otorgar permisos y permitir la construcción de urbanizaciones en zonas inundables’, finalizó.

‘Es contrario a los principios de planificación transferirle a la OGP la aprobación de las Consultas de Ubicación,’ expresó Tato Rivera Santana. ‘Esta facultad debe ejercerla la Junta de Planificación que es la agencia con el peritaje y la capacidad para planificar el País’.

‘Además, se amenaza clara y abiertamente los derechos de participación de la ciudadanía y los procesos de acceso a la información, además del derecho a objetar e impugnar un proyecto’, trajo a colación Myrna Conty, de la Coalición Anti Incineración. ‘Entre otras limitaciones, se establece que solo se puede cuestionar una Evaluación Ambiental (EA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) luego que la OGP le haya emitido los permisos correspondientes. Es decir, que podemos protestar el permiso y las consecuencias del mismo, luego de su aprobación’, expresó.

Continuó Conty: ‘Otra limitación consiste en aumentar de 15 a 60 los días que tiene la OGP para determinar qué hacer ante una querella de la ciudadanía. Así también, mientras anteriormente la ciudadanía tenía acceso a la información contenida en el sistema digitalizado sobre los proyectos, ahora solo tiene acceso a la información no confidencial, sin que se explique lo que significa dicho término’.

‘Increíblemente, el proyecto también establece multas administrativas de 50,000 hasta 100,000 dólares por cada infracción a personas que infrinjan las condiciones de permisos otorgados, y/o limite, obstruya, paralice o invada una actividad de construcción o uso autorizado. Es interesante que a los proyectistas millonarios que sometan información fraudulenta en sus propuestas no se propone aplicar multas similares’ expresó alarmada.

‘Pero si esto no fuera poco, si una persona o comunidad organizada cuestiona los permisos judicialmente y pierde el caso, mandatan al tribunal a imponer honorarios de abogados contra la parte cuya petición sea determinada frívola o carente de méritos. Esos honorarios equivaldrían a la suma que los abogados de la otra parte aleguen que cobraron. Extrañamente tampoco se contempla similares mandatos judiciales a los proyectistas que pierdan los casos’ terminó Conty.

‘De esa manera, cuando se limita la información y cuando se presume que toda impugnación que hagamos es frívola, la alternativa que nos queda ante esta amenaza, es tirarnos a la calle para protestar en defensa de nuestras comunidades, de nuestros recursos naturales y de nuestro derecho a la manifestación pública’, culminó.