Ya encaminado el proceso para seleccionar un consultor de pensiones para la Junta de Control Fiscal ( JCF ), las recomendaciones inmediatas que haga ese colaborador independiente tendrán que tomar en cuenta la crítica falta de dinero en el gobierno, el consumo acelerado de los activos de la Administración de Sistemas de Retiro ( ASR ) y las propuestas que el administración quiera impulsar.

Este escenario se torna más ajetreado, si descartan cualquier posibilidad para recortar las pensiones, tal como ha exhortado el gobernador Ricardo Rosselló. Por lo tanto, y para evitar esta eventualidad, hay que identificar fuentes de ingreso nuevas para financiar el sistema de retiro.

Pese a que la JCF ya recomendó a la administración encaminar un recorte de 10% al sistema de retiro, según el presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico (APGPR), Roberto Aquino, el único remedio disponible para esquivar un tijerazo a los cheques de estos envejecientes sería identificando dinero nuevo.

‘Ningún consultor que venga a tratar de arreglar el sistema de retiro y no tiene dinero nuevo, dinero ingresado a los sistemas, muy poco lo que va a poder hacer. Podrá dar muchas recomendaciones y aquí sufriremos los pensionados y sufrirá el país porque se le impondrán contribuciones para pagar la deuda, que tiene el gobierno con los pensionados’, explicó Aquino a NotiCel.

Con la solicitud de propuestas de la JCF también se incluye una serie de requisitos, principalmente presentar un plan anclado en la realidad fiscal de la Isla. La ASR enfrenta una situación en la que tiene más pensionados que trabajadores que aportan al sistema, por lo que necesita liquidar sus activos para subsanar la diferencia.

Según Aquino, al presente la ASR cuenta con alrededor de $700 millones en activos disponibles, de los cual debe retirar $67 millones mensuales para pagar pensiones. Esta obligación, que catalogó como ‘una moral pues no goza de la misma prioridad que otras deudas en el gobierno’, en muchos casos no es suficiente para sufragar las necesidades de los más vulnerables.

De aplicarse un recorte de 10% a todas las pensiones, tal como planteó la JCF, las consecuencias serían devastadoras para los 38,000 pensionados que reciben una pensión mínima de $500. Aquino aseguró que eso desataría una crisis humanitaria en la que el gobierno vería un aumento drástico a servicios de apoyo social, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

A fin de cuentas, tanto el Plan Fiscal que presente el gobernadorcomo las recomendaciones que emita el consultor de pensiones de la JCF, determinarán el proceder del gobierno en cuanto a las pensiones de los empleados públicos. El Plan de gobierno de la administración apuesta a las Alianzas Público Privadas (APP) como alternativa principal para financiar estos sistemas.

Aunque el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, recordó que el compromiso del gobernador con los pensionados es de no reducir beneficios, el representante Jesús Santa señaló que hay algunas pensiones que son más altas que el promedio que reciben los empleados públicos de $1,100 mensuales.

No obstante, Santa sostuvo que cualquier recomendación que haga el futuro consultor de la Junta debe ser cónsona con la política pública de la administración de gobierno.