Como si la crisis fiscal no aplicara en el Capitolio y pese a las advertencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el gasto público, las cámaras legislativas han continuado otorgando contratos de consultoría, cifra que ahora ronda en los $5.3 millones.

Las contrataciones son el eje de una controversia pública entre la Junta de Control Fiscal y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Al criticar las expresiones de la Junta, que reclama que la Legislatura también reduzca sus contratos en atención a la crisis fiscal, la comisionada residente, y expresidenta cameral Jennifer González, calificó las contrataciones de ‘chavería’ en entrevista con El Nuevo Día.

Pero, la suma de esa ‘chavería’ ya va por $3,107,376.44 en asesoría y consultoría en la Cámara de Representantes. El Senado, por su parte, ha aprobado $2,220,005.00en contratos.Estas cifras no contienen la cantidad total de la nómina de empleados regulares y/o administrativos en la nómina de los cuerpos legislativos, ya que no figuran en el registro de contratos ante la Oficina del Contralor.

Tal es el caso de la hermana menor del presidente senatorial, Silvia Rivera Schatz, que labora en la Superintendencia del Capitolio. Tres fuentes de entero crédito coincidieron en que devenga $11,000.00 mensuales. También trabaja, aunque hace más tiempo y antes de que su pariente fuera electo, la hermana del portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD)en ese cuerpo, José Luis Dalmau.

Rivera Schatz confirmó que su hermana menor fue reclutada.’Ella está trabajando en la Superintendencia de El Capitolio porque el superintendente (Wilfredo Ramos García) trabajaba en Guaynabo, él vino del Municipio de Guaynabo y la reclutó. Él trabajaba con ella en Guaynabo. Trajo a varias personas de Guaynabo, entre ellas a mi hermana menor’, confirmóen un programa de televisión.

Tras la publicación, el Presidente senatorial se comunicó con el medio para rechazar la cifra salarial de su hermana. Entrada la tarde, la oficial de prensa de la Oficina de Protocolo y Actividades de la Superintendencia del Capitolio, Fabiana Piñeda, explicó a NotiCel que el reclutamiento de Silvia Rivera forma parte de un grupo de trabajo creado por el Superintendente para cumplir con sus objetivos y metas; entre estas, desarrollar el Distrito Capitolino.

Piñeda sostuvo que la hermana del Presidente senatorial está adscrita totalmente a la Superintendencia de El Capitolio, una entidad creada mediante legislación con personalidad jurídica propia responsable de mantener y conservar la estructura física y alrededores de El Capitolio.

Entre las nuevas contrataciones, se destaca la del exrepresentantedelPartido Nuevo Progresista(PNP) Rolando Crespo, que figura como consultor administrativo del Senado a razón de $3,500.00 mensuales. Crespo tuvo que renunciar a la Cámara baja en el 2011 tras dar positivo a cocaína en una prueba de dopaje. Posteriormente intentó regresar al ruedo político para aspirar a la alcaldía de Aguadilla por el PNP.

El exsecretario de Estado y expresidente senatorial Kenneth McClintock Hernández también ha sido contratado como consultor senatorial y ganará $10,000.00. Otros nombres vinculados a la administración del exgobernador Pedro Rosselló que figuran en el registro de contratos del contralor, son Anabelle Guillén, exyudante de la entonces primera dama Maga Nevares, devengará $10,000.00 mensuales, y Rafael Rodríguez Aguayo, exasesor de Organización y Política Pública de Rosselló González con $3,500.00 mensuales.

En la Cámara de Representantes, tambiénfue contratado el exlegislador del PNP Jorge L. Ramos, quien devengará $5,000.00 mensuales por servicios de consultoría administrativa. Ramos Peña fue representante por el distrito 30 (Guayama, Salinas y Arroyo) y presidió la Comisión de Transportación de ese cuerpo legislativo entre el 2009 al 2012.

Estos se suman a los contratos de los exalcaldes de Toa Baja y San Juan, Aníbal Vega Borges y Jorge Santini; los exlegisladores María M. Pagán , Elizabeth Casado, Roger Iglesias, Edwin Mundo, según reveló NotiCel en enero, lo que provocó un intercambio de cartas entre el economista Gustavo Vélez y la JCF sobre los gastos en la Asamblea Legislativa y el reclamo del entepara que se reduzcan los mismos.

Para Vélez la millonaria contratación de asesores y consultores, muchos de ellos de políticos en la Asamblea Legislativa, responde a que la clase política se encuentra en total negación a que están bajo la jurisdicción de la JCF.’La clase política está en negación todavía. Es parte del problema. Si hoy tenemos un país económica y fiscalmente en su peor crisis es responsabilidad en esencia de una clase política que no ha querido poner orden y tomar decisiones correctas por Puerto Rico y haciendo promesas que no puede cumplir. Ahora que está aprobado aún resiste que la ley los cobija’, cuestionó.

Tanto Rivera Schatz como su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, han rechazado que la Juntatenga facultad sobre la Asamblea Legislativa. Según Vélez, esta respuesta es la resistencia de la clase política de hacer lo que la JCF le ha pedido, que haga en términos de su responsabilidad por el costo político que le representa.’Todavía la clase política está atada al cálculo electoral’, insistió Vélez.

También, responsabilizó a la clase política de que se haya impuesto una JCF sin medidas de desarrollo económico para el País, ya que los intereses partidistas prevalecieron ante la obligación de ir juntos a cabildear por la misma.De acuerdo a Vélez precisamente la falta de disciplina fiscal y el mal juicio en el uso de los fondos públicos son los que han llevado a Puerto Rico a tener un organismo que regule en las tres ramas de Gobierno.

‘La médula del problema y de la Ley PROMESA es atender la indisciplina fiscal. En ese sentido, el texto es claro, nadie está exento de la ley en el punto de vista fiscal, de uso de fondos. La carta reitera uno de los objetivos más fundamentales que es esa disciplina fiscal y el planteamiento de que todas las ramas de gobierno se ajusten’, subrayó.