A viva voz, la Cámara de Representantes aprobó el lunes el proyecto de Reforma Laboral, que pasará hoy a la Fortaleza para ser firmada por el gobernador, Ricardo Rossellló Nevares.

La sesión ordinaria en la Cámara baja comenzó poco después de la una de la tarde y se recesó hasta cercanos de las 2:30 de esta tarde cuando bajó a votación.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentran la reducción del periodo probatorio plasmado en la medida original, de 18 a 9 meses; y se establece que se acumularán 12 días por enfermedad al año. Se incluye, además, lenguaje para establecer que la medida es de aplicación prospectiva y modifica el texto sobre el derecho a participar en servicios religiosos.

De otra parte, se dio paso a la Resolución de la Cámara 19, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, que ordena a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre las ejecutorias de la entidadAlix Partners Internationaly su oficial de restructuración, Lisa Donahue, en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desde que fue contratada en septiembre del 2014.

‘Ante este cuadro, y entendiendo las interrogantes y preocupaciones del pueblo puertorriqueño para con la situación de la AEE durante más de una generación, este Cuerpo Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de actuar conforme a los poderes conferidos por la Constitución’, enfatizó Navarro Suárez.

De otra parte, se delegó una investigación a la Comisión de Turismo y Bienestar Social mediante la Resolución de la Cámara 21, del representante Néstor Alonso Vega, sobre toda contratación que haya realizado la Compañía de Turismo por los pasados dos años y que tuviese un impacto fiscal en el erario, así como los beneficios de los contratos, si alguno, sobre la economía de la Isla.

Sobre todo, se debe comprobar que las acciones administrativas tomadas por los funcionarios que dirigían dicha agencia se dieron dentro del marco de una sana administración pública’.

Por último, se favoreció la Resolución de la Cámara 35, del representante Luis Pérez Ortiz, que ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano realizar un estudio sobre las necesidades de vivienda para la población de edad avanzada en la Isla.