Tres miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) se reunieron por primera vez en la Fortaleza con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y aunque ninguna de las partes involucradas indicaron el status de la petición de extender la fecha para entregar un plan fiscal -que vence el 31 de enero-, es posible listar los pedidos que debe la entrante administración tomando en cuenta el plan de gobierno que delineó el organismo federal en una carta enviada en diciembre.

Qué falta

Por el momento, la fecha límite para certificar un Plan de Ajuste Fiscal sigue siendo el 31 de enero, y la Administración Rossellópidió una prórroga para entregar el mismo, de modo que pueda definir con mayor precisión la magnitud del estado de las finanzas del gobierno, entre otras cosas.

Sin embargo,se presentó el Proyecto de la Cámara 452, que reemplazaría y derogaría el artículo 6 de la Ley de Moratoria, y ordena la creación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) era, en esencia, sustituir la función de agente fiscal que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Tampoco se ha propuesto el Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (Earned Income Tax Credit) para promover que las familias bajo el nivel de pobreza se muevan de la asistencia pública al empleo formal.

También faltaría un proyecto para la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o enmendar la ley existente para que dicho proceso esté orientado por los objetivos de menores costos y uso de energía de bajo costo, y presentar un proyecto para una reforma contributiva que incluya revalorización de las propiedades para aumentar los ingresos de ese renglón, incentivar la inversión inmobiliaria y disminuir los subsidios a los municipios.

Pedidos cumplidos

– La Cámara de Representantes discute desde inicios de la semana el Proyecto de la Cámara 453, que viabiliza la ‘Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral en Puerto Rico’.

– Según una carta enviada por Rosselló al organismo federal ‘por primera vez en la historia del país se presentó una medida para imponer por 10 años impuestos a las corporaciones foráneas en la compra de sus afiliadas’, es decir, el ‘tax’ de la Ley 154.

– El Proyecto de la Cámara 451 para crear la ‘Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico’, extiende las disposiciones incluidas dentro la controvertible Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, negaría a las uniones el derecho de renegociar los términos económicos de sus convenios colectivos por los próximos cuatro años, congelaría la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como también las aportaciones del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) a los municipios y el presupuesto de varias agencias.

De igual modo, suspende aquellos arreglos contenidos en convenios que autorizaban a sindicatos ocupar puestos disponibles y establece que aquellas cláusulas no económicas de convenios expirados o que expirarán cuando la ley entre en vigor, se extenderán hasta el 30 de junio del 2021. También mantiene los procedimientos de negociación colectiva que impuso la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.

Además, congela presupuestos de otras agencias, supervisa más de cerca las contrataciones y faculta al Gobernador para remover cualquier miembro de una Junta de Directores de cualquier instrumentalidad del estado, si entiende que no cumple con la política pública establecida o requerida por PROMESA.

Asimismo, esta semana se firmó la primera ley de administración dirigida a fomentar las Alianzas Público Privadas (APP).

Todo lo anterior cumple e parte con el pedido de la Junta de empezar de nuevo, con ‘hoja en blanco’, el diseño del régimen regulatorio en Puerto Rico para disminuir obstáculos a la actividad económica y ayudar a diversificarla.