Un informe publicado por el Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en ingles) concluye que la reapertura de la discusión del estatus de Puerto Rico en Washington D.C. dependerá si la legislatura federal opta por interpretar los resultados del plebiscito del 2012 y las elecciones del 2016 como un reclamo de los puertorriqueños a favor de la estadidad.

A la vez reafirma al Congreso que, por virtud de la cláusula territorial, es el único ente político que puede autorizar un cambio definitivo al estatus de Puerto Rico.

El informe ‘Status of Puerto Rico: Brief Background and Recent Developments for Congress‘, publicado el 28 de diciembre del 2016, reconoce la elección de una nueva mayoría pro-estadista en el gobierno de Puerto Rico, compuesta por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

De esta manera, plantea que si el Congreso decide retomar el asunto del estatus encontraría un consenso inequívoco entre el liderato político de la Isla a favor de la estadidad.

En esa línea, resalta la intención del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, de centralizar la discusión sobre la estadidad durante su mandato. Como estrategia principal, Rosselló Nevares implementaría el Plan Tennessee, una iniciativa que, aunque ha variado en el pasado, consiste en enviar una delegación representativa al Congreso para cabildear por la estadidad.

No obstante, el informe resalta que no existe una sola vía hacia la estadidad y que cualquier estrategia utilizada por la administración para impulsar la anexión (como el plan Tennessee), a fin de cuentas, requeriría cambios estatutarios por parte del Congreso y aprobación presidencial.

Así, reafirma que, por virtud de la cláusula territorial, el Congreso puede encaminar una transición a la estadidad sin tomar en consideración el respaldo que tenga esa u otra opción de estatus.

‘Si el Congreso decide alterar el estatus político de Puerto Rico, lo podría hacer mediante estatuto independientemente que se celebre un plebiscito o el sentimiento que dicho voto revele’, reza la publicación.

Para el abogado pro-estadista y analista político, Ignacio Rivera, lo prudente sería encaminar varias estrategias que conduzcan hacia la estadidad, a la vez que enfatizó que lo importante es que el asunto se mantenga activo.

‘Todos los proyectos y todas las teorías en torno a la estadidad, son viables. No tenemos que tener una, debemos tener varias tácticas, desde el plan Tennessee hasta legislación aquí, mover legislación en Estados Unidos como hizo Jenniffer[González]. Así que todo es aceptable, siempre y cuando la meta sea la estadidad’, aseguró Rivera en entrevista con este medio.

Sobre la influencia que tendría sobre el proceso un nuevo gobierno federal dominado por el partido Republicano, Rivera insistió que cualquier esfuerzo hacia la anexión debe por iniciativa propia del gobierno local.

‘Es muy difícil prever lo que va a hacer el Presidente [Donald]Trump, pero la peor gestión es la que nosotros no hagamos. Así que nosotros tenemos que mover la bola y no esperar que el Presidente o el Congreso no haga nada. Nosotros somos los que tenemos que movernos hacia la estadidad’, agregó.

Comisionada Residente empieza a mover el asunto

Aunque la primera semana de la administración de Rosselló Nevares se ha enfocado primordialmente en introducir varias medidas de control de gastos gubernamentales, la comisionada residente, Jenniffer González, se dispone a liderar el esfuerzo hacia la estadidad con la presentación de un proyecto federal a ese fin.

Sin embargo, la medida, que fue promesa de campaña para González, condiciona la transición hacía la anexión a la celebración de otro plebiscito de estatus. Dicha consulta, según indicó la comisionada residente al presentar el proyecto, sería entre las opciones de estadidad o independencia.

No tenemos que tener una, debemos tener varias tácticas, desde el planTennesseehasta legislación aquí, mover legislación en Estados Unidos como hizoJenniffer(González). Así que todo es aceptable siempre y cuando la meta sea laestadidad.

El resultado del último plebiscito de estatus celebrado en el 2012 fue ampliamente disputado tanto en Puerto Rico como en Washington D.C. Mientras un 54% votó por modificar la condición política y un 61% optó por la anexión, unas 500,000 papeletas quedaron en blanco, arrojando duda sobre la validez de la mayoría pro estadidad.

Mientras, las elecciones del 2016 también arrojaron un resultado similar. Rosselló Nevares ganó la contienda a la gobernación con un 41.8% de favor, mientras el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, obtuvo 38.8% del voto. Aun así, el hecho que solo 55.1% de los electores inscritos salieron a votar también podría poner en cuestión el argumento de que una mayoría de los puertorriqueños favorecen la estadidad.

Lea el informe:StatusofPuerto Rico:BriefBackgroundandRecentDevelopmentsforCongress

Informe del CRS sobre status de PR 28 de diciembre de 2016 – NotiCel_22667