Ante la falta de acceso a los mercados capitales, el próximo gobierno ve en el modelo de las alianzas público privadas el motor que le permitirá hacer los proyectos necesarios para el país, anticipó el designado director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero Díaz.

En la Administración Rosselló, Marrero Díaz llevará tres sombreros ya que también dirigirá la Autoridad de los Puertos (AP) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC).

‘El modelo de la alianza público privada participativa será el proyecto. Es una bala mágica? No. Que se tiene que perfeccionar? Definitivamente. Se tiene que monitorear y fiscalizar aún más para asegurar que los resultados y los compromisos que haya hecho esta entidad privada con el contrato los cumplan? Definitivamente. Y en esa dirección vamos’, apuntó el abogado corporativo.

Marrero Díaz explicó que el objetivo de un nuevo modelo de alianzas público privadas participativas es permitir que el sector privado ofrezca los servicios que el gobierno no puede ofrecer.

‘Nosotros queremos permitir el espacio para que el sector externo puedan identificar un servicio o área del gobierno, puedan tomar el control de dar ese servicio; lo puedan dar a un costo más barato y un mejor servicio a nuestra ciudadanía así lo puedan dar’, explicó el gobernador electo Ricardo Rosselló.

Marrero dijo que el modelo actual de alianzas público privadas ha sido exitoso, sin embargo se debe flexibilizar para permitir la participación de los empresarios locales.

‘Lo miramos, lo analizamos y presentamos un proyecto que busca flexibilizar la Ley de Alianzas Público Privadas para garantizar la participación ciudadana y mayor participación empresarial local. Los ingresos se utilizarán para recapitalizar los sistemas de retiro’, explicó.

El proyecto que enmendará la Ley de Alianzas Público Privadas se trabajará en los primeros treinta días de la administración entrante.

Insistió que Puerto Rico tiene que estar abierto para hacer negocio. Dijo que la ‘deteriorada infraestructura’ del país tiene que ser uno de los focos principales para estas alianzas.

Aunque la ley vigente identifica cuales son los proyectos prioritarios, precisamente en su mayoría proyectos de infraestructura o de digitalización de servicios del gobierno, Marrero indicó que han identificado otras áreas. ‘Hemos podido identificar una serie de proyectos regionales que tendrían impacto a través de todo Puerto Rico que también hicimos el análisis bajo la Ley PROMESA (Artículo 5) para determinar que sean proyectos críticos y que puedan iniciarse en proceso expedito’, destacó.

Dijo que, en el caso de la AP, la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín inyectó un dinero para bajar sustancialmente la deuda de la corporación, pero que todavía existen unos retos. ‘El pueblo de Puerto Rico ha visto los beneficios de esa alianza no solo en los servicios; sino que ha aumentado la capacidad de vuelos’, recalcó.