Ante la convocatoria de la Junta Fiscal el pasado noviembre, diversos sectores presentaron sus sugerencias para atajar la crisis fiscal que se profundiza con el paso del tiempo. Entre los más destacados, sobresale el clamor por más intervencionismo por parte de este organismo, creado bajo la Ley PROMESA, para reformar el mercado laboral, energetico y educativo del país.

El presidente de Advantage Business Consulting señaló que el pedido de aumento tarifario hecho por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es excesivo y, de ser concedido, representaría una contracción económica y un descenso de $124 millones anuales al erario por un periodo de ocho años.

‘Hay necesidad de una estructura tarifaria que cubra los costos justos y razonables de la AEE, tanto operacionales como financieros. Aceptando como buenas todas las representaciones hechas por la AEE, hay una brecha de $249 millones entre el acercamiento al costo de servicio y el ingreso requerido por la corporación. En vez de pedir una tarifa justa y razonable, la AEE está solicitando lo que a todas luces es una contribución sobre el consumo de electricidad para cubrir el flujo de efectivo sin importar que ese efectivo representa o no el costo de servicio de la AEE’, indicó el presidente de esa firma.

Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, por voz de su presidente Luis Zayas García, abogó por una revitalización económica de Puerto Rico mediante cambios en el código federal de rentas internas.

‘Los esfuerzos por reducir las contribuciones federales sobre ingresos aplicables a compañías foráneas y un 85% de deducción por dividendos recibidos a estas entidades debe continuar’, sugirió.

De igual modo, propuso cambios al sistema contributivo del país para eliminar su complejidad, implantar un sistema contributivo sobre el consumo que promueva la inversión y el ahorro.

La Fraternidad de Iglesias y Hogares Crea sometieron una propuesta en conjunto en la que favorecieron la introducción de escuelas tipo chárter y el que las organizaciones sin fines de lucro provean servicios a bajo costo todo el año al Departamento de Educación.

De otro lado, el doctor Mario Marazzi, del Instituto de Estadísticas, subrayó la necesidad de uniformidad en los informes y prácticas de contabilidad para todas las agencias de forma que sea más transparente y confiable la recopilación de información para propósitos legislativos y de implantación de política pública.

Los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico expresaron su oposición a un posible aumento en los costos de matrícula en la universidad pública o cambios a la fórmula de ingresos de la institución. Mientras, los representantes de uniones y empleados de educación advirtieron sobre la necesidad de mantener el compromiso en el pago de pensiones y beneficios para los empleados públicos.