Una vez finalizó la reunión celebrada ayer por la Junta de Control Fiscal (JCF) en el exclusivo Hotel Conquistador en Fajardo, la primera en suelo boricua, los integrantes del organismo federal tuvieron otra serie de reuniones privadas, fuera del ojo público, con miembros del sector privado de la salud.

Si bien desde instancias de este organismo se destacó que ‘la salud es uno de los asuntos de mayor importancia’, y dada la problemática suscitada ante la difícil coyuntura que presenta el sistema de salud de la Isla, situado al filo del abismo tras el anunciamiento del Gobierno de que los solo se sostendrá hasta finales del año 2017 si no se implantan medidas de paridad en los programas de Medicare y Medicaid, resulta paradójico que un asunto de vital relevancia para la población se trabaje a puertas cerradas.

En Puerto Rico 1,647,582 personas (47.4% de la población) está cubierta bajo el programa federal Medicaid. Mientras que el programa federal Medicare consta de 720,000 beneficiarios, con un 75% inscritos en los Medicare Advantage.

Tal y como detallaron mediante comunicado escrito oficial, la JFC en pleno mantuvo una reunión con Ricardo Rivera Cardona, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Angela Wayne Roig, Comisionada de Seguros de Puerto Rico; Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales; Terry Bischoff, presidente de la Coalición de Salud de Puerto Rico; Roberto Pando, presidente del Comité de Cuidado de la Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Roberto Pérez Nieves, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico; Joaquín Rodríguez, presidente de la Junta de Directores de los Hospitales HIMA San Pablo; Orlando González, presidente de MMM; Néstor Ortiz, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de la Industria Farmacéutica; Iván Román, asesor estratégico de la Junta de Directores de la Asociación de Industrias Farmacéuticas; Anitza Urquía, directora ejecutiva, Centro Teras; y el Dr. José E. Laborde, presidente de JEL Healthcare Consulting.

Por otra parte, y siguiendo esta dinámica de reuniones marcadas por el secretismo, los miembros de la JCF, Andrew G. Biggs y Ana J. Matosantos, se reunieron el jueves con varios ejecutivos de la Asociación de Retiro de Empleados Públicos y de la Asociación de Retiro de Maestros, al igual que con el director ejecutivo del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

Queda dilucidar qué decisiones se trabajarán al albor de una dinámica que, una vez más y proyectada como tendencia a seguir de cara al futuro, mantendrá un silencio extendido de cara a los oídos del conjunto colectivo de la ciudadanía puertorriqueña, verdadera afectada de esta nueva realidad política, económica y social.

En cualquier caso, es posible que el gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pueda adelantar a los medios locales -o al conjunto de la sociedad- algunos de los planteamientos arrojados en dichos encuentros privados puesto que, a última hora del viernes, también pudo reunirse con el pleno de integrantes de la Junta.

Si esta opción no tiene lugar, siempre quedará la posibilidad de que la comisionada residente electa, Jenniffer González, pueda arrojar algo de luz sobre estos hechos una vez concluya su particular reunión con este cuerpo marcado para hoy, sábado, a primera hora de la mañana.

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