Tras la tercera reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), celebrada por primera vez en suelo boricua, los miembros de dicho organismo constataron que el Plan Fiscal remitido por el gobernador Alejandro García constituye tan solo un ‘mal borrador’ y requiere de ‘mucha ayuda del gobierno federal’ para llegar a convertirse en el instrumento de reestructuración necesario.

De igual modo, se subrayó la imperiosa necesidad de que la Administración del actual gobernador presente los estados financieros de las agencias públicas y del cuerpo del gobierno debidamente auditados, tal y como ya se exigió en la pasada reunión del 16 de octubre, en Nueva York.

Siguiendo este hilo de discusión, Jorge Irizarry, representante de Bonistas del Patio, aseguró que ‘este plan presenta un desorden de números ligado al Sistema de Retiro (SR), ya que hay $17,400 millones que se están proponiendo para reformar el sistema (que deberían ir destiandosa) pagar la deuda’. No obstante, aunque Irizarry adelantó que su colectividad no persigue que se ignoren las necesidades del SRo de sus pensionados, también destacó que ‘el pago de la deuda’ puede ser factible.

Igualmente, el representante de Bonistas del Patio se hizo eco de los constantes cuestionamientos que aseguran que el primer ejecutivo actuó de forma irresponsable al convocar una sesión extraordinaria en el día de ayer, en la que ya han sido creadas ’11 nuevas agencias’ sin tomar en consideración la situación fiscal que atraviesa la isla.

Asimismo, se denunció la violación de la sección 207 de la Ley PROMESA, que establece queningun gobierno territorial podra emitir deuda o garantizar, modificar, recomprar, redimir o suscribir transacciones similares a entidades’ sin la autorización del organismo federal.

Del mismo modo, Irizarry solicitó a la JCF que elimine la Ley de Moratoria que, por el momento, mantiene suspendidos los pagos de deuda pública a los acreedores hasta el próximo febrero, por ‘poner a los accionistas en desventaja’. Indicó además que, en caso de que se suspenda dicha disposición de ley, su colectividad se sentaría a ‘negociar’ con el gobierno.

Por su parte, Alicia Lamboy, presidenta electa de la Cámara de Comercio (CCPR), defendió que el plan fiscal de García Padilla pone en primer lugar a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, durante su intervención de 5 minutos destacó también ciertos ‘problemas’ que presenta el plan, esgrimiendo que adolece de ‘tres debilidades’.

Según Lamboy, dichas problemáticas tienen que ver con el hecho de que ‘no establece prioridades en los gastos del Gobierno, nodesglosa cómo se realizarán las medias que propone y utiliza presunciones económicas incorrectas’. Este desglose provocó que, nuevamente, se trajera a discusión la necesidad de actualizar los estados financieros auditados para que la Junta avale o rechace, en su totalidad, las cifras reseñadas en el plan fiscal del primer mandatario.

Con base en esto, ‘la Cámara de Comercio entiende que son necesarios, además de los estados auditados, reformas laborales, reformas de energía y de programas de impuestos, reformas del SR y reestructurar en su totalidad el plan fiscal presentado’.

Se sumaron a la desaprobación generalizada del plan fiscal las declaraciones de Rodrigo Masses, de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, quien, a pesar de tener una postura diferente a las presentadas, ya que dijo ‘no apoyar la reestructuración de la deuda’, concordó en el hecho de que el plan ‘hace unos daños irreparables a Puerto Rico’, y que ‘necesitamos datos reales’, en referencia alos estados financieros auditados.

Masses, por su parte, destacó que es necesario promover la creación de proyectos para la clase agrícola, y solicitó ‘adiestrar empleados’ en torno a la situación fiscal que sufre Puerto Rico.

MientrasEdna Jimenez, directora ejecutiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CPA), opinó que ‘el plan requiere la implantación de medidas inmediatas para maximizar los recursos limitados, por lo que los objetivos del mismo deben ser la revitalización económica y la reestructuración de la deuda’, por lo que recomendó más controles presupuestarios, consolidaciones en agencias y fusiones municipales.

Por su parte, tanto Jaime Plá como Nestor Ortiz, de la Asociación de Hospitales y la Asociación de Farmacéuticasrespectivamente, se mostraron de acuerdo en que el plan deja de lado este sector, por lo que es necesario crear ‘una reforma en paridad de fondos entre Medicaid y el plan de salud que sirve a 1.5 millones de personas (en Puerto Rico), para que no se quede sin fondos’.

Tras discutir las versiones de estos y otros deponentes, la propia JCF, por voz de Ana Montesantos, fue enfática al afirmar que el plan presentado ‘no cumple con las disposiciones de Promesa’, a lo que agregó que, tanto gobierno como ciudadanía, no deben pensar que se darán soluciones fiscales mágicas para el problema económico de la Isla.

‘Puerto Rico probablemente no va a recibir el dinero que pide en el plan fiscal por parte del Congreso’, dijo de otro lado José Carrión, presidente de este cuerpo.

La JCF dispuso una resolución hasta el próximo 23 de noviembre para que ciudadanos y expertos puedan enviar sus respectivas recomendaciones para crear un reformado plan fiscal que cumpla con las disposiciones de la ley federal.

Puede someter sus propuestas en el portal www.juntasupervision.pr.gov