La Comisión para la Auditoría Integral del Credito Público envió una carta oficial a los miembros de la Junta de Control Fiscal, en donde denunció que todavía no ha podido dar inicio a su cometido, la realización de la auditoría de los últimos cuarenta años de deuda puertorriqueña, debido a que no dispone de los suficientes fondos para llevarlo a cabo.

Tal y como indica en la misiva oficial Roberto Pagán Rodríguez, presidente de la Comisión, el propósito de la misma es llevar a cabo dicha auditoría ‘para determinar si todas las partes involucradas cumplieron con las normas legales pertinentes’, y para ‘dar transparencia al proceso que el Gobierno de Puerto Rico ha empleado para obtener acceso a Los mercados de capitales’. Ambos puntos vendrían a determinar si dicha emisión de deuda se realizó bajo los parámetros constitucionales y, por tanto, si es o no deuda legal.

La organización expresó que no ha recibido los fondos necesarios del Gobierno de Puerto Rico, indicando que sólo cuenta con $400,000, lo que representa, según sus cálculos, el 7% del presupuesto necesario para completar la auditoría de manera eficiente.

Con la descripción de una serie de argumentos que vienen a dar sentido a la naturaleza de la Comisión y a hacer hincapié en la trascendencia de su finalidad, dicha comunicación oficial podría considerarse como una reivindicación del necesario apoyo que esta entidad necesita para dar sentido a su propia existencia.

Hasta la fecha, la Comisión tan solo ha podido publicar dos informes preliminares, los cuales no han podido establecer cálculos estimados sobre la deuda pública adquirida por la Isla, sino que, tal y como indicó Pagán Rodríguez, ‘son informes destinados a ayudar a la Comisión a centrar su trabajo una vez que obtenga los recursos necesarios para contratar personal y firmas de contabilidad independientes’. No obstante, la Comisión hizo llegar estos informes preliminares a la Junta, con el objetivo de que puedan conocer mejor el trabajo que están desarrollando.

Hasta el momento, los miembros de la Junta de Control Fiscal no han contactado con esta Comisión. Tal inferencia puede extraerse al releer las últimas líneas de la carta enviada, en donde Pagán Rodríguez indica la página web en donde los siete miembros integrantes del ente supervisor pueden obtener más información de sus cometidos, e incluso donde sugiere la posibilidad de un contacto directo con su persona.

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