Mientras el exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, enfrenta acusaciones por incumplimiento con la ley de fiscalización de campañas políticas y en medio del trámite judicial contra sus exempleados por formar parte de un esquema de fraude en el pasado cuatrienio, la jueza que preside ese caso ahora enfrenta una querella etica radicada por la fiscal de ambos casos por un comentario que supuestamente pone en duda la validez del proceso.

La querella, radicada por la fiscal Wilda Nin Pacheco a mediados de octubre, acusa a la juezaNerisvel Durán Guzmán del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de violar tres cánones de ética judicial durante una vista de lectura de acusación contra Endel Rodríguez Cortés el 14 de septiembre de este año.

Nin Pacheco relata que mientras la juez Durán acordaba con los abogados de defensa una fecha para iniciar el juicio y si se daría de manera continua o en fechas separadas, uno de los abogados comentó, ‘El archivo sería lo ideal juez’, a lo que Durán respondió, ‘Yo les recomendaría que a partir del dos de enero toquen las puertas del Departamento (de Justicia)’.

Aunque el próximo comentario fue un ‘Va a tener que ser después de Reyes’ por parte de otro abogado de defensa (a lo que el récord señala hubo risas por los abogados después) lo que desde una perspectiva podría interpretarse como un momento de humor, según Nin Pacheco el comentario ‘indebido’ de la togada ‘pone en tal de juicio la imparcialidad y la rectitud del proceso judicial’.

El argumento de la fiscal se basa en que la togada violó tres reglas – una que prohibe el discrimen, otra por comprometer su obligación de ser imparcial y por conducta inapropiada por tratarse de una mofa.

Ahora la querella pasa a la evaluación de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que tendrá 90 días para notificar si hay causa para tomar acción disciplinaria contra Durán. De encontrar causa, la jueza se expone a medidas que incluyen la suspensión temporal de empleo, el relevo de sala, la asignación de tareas administrativas y hasta el retiro voluntario.

Este medio intentó constatar con la OAT la fase en la que se encuentra la investigación de la querella, pero debido a la naturaleza de confidencialidad del proceso la dependencia de la rama judicial no divulgó este dato. No obstante existe una posibilidad que de prevalecer la denuncia, la determinación pudiese conllevar un cambio de juez en el caso contra los acusados por fraude en la Superintendencia del Capitolio, pautado a iniciar el 6 de febrero del 2017.

Aun así, no es la única controversia que rodea el caso de la Superintendencia. El propio secretario de Justicia, César Miranda, también enfrenta una demanda en el foro federal incoada por uno de los acusados, Álex Martínez Morales, por violaciones a la primera y quinta enmienda de la Constitución, arresto falso y por intento a forzar declaraciones.

Martínez Morales, exgerente de proyectos de construcción en la Superintendencia del Capitolio, enfrenta cuatro cargos por apropiación ilegal de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber. Pero la demanda federal alega que este fue arrestado y perseguido por rehusar proveer testimonio falso contra Velázquez Quiles.

Con estas alegaciones Martínez Morales reclama una compensación de $600,000. A eso se agrega una solicitud que hizo su defensa legal para paralizar el pleito federal hasta que se resuelva el pleito estatal contra su cliente.