A lo largo del domingo, distintas expresiones de Hector Ferrer y Jennifer González, candidatos a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) respectivamente, han reflejado la diferencia de posturas de ambas colegiaturas de cara a la implementación de estrategias que promuevan la recuperación económica de Puerto Rico.

El candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, reiteró el domingo su llamado para que se apruebe la enmienda a la sección 245 A del Código de Rentas Internas Federal. Paralelo a estas declaraciones,atacóa los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) porque, debido a su ‘fanatismo’ por laestadidadse oponen a dicho estatuto.

La enmienda a la sección 245 A persigue que se establezca una deducción del 85 por ciento en el dividendo de la repartición, mediante el cual se reduciría a cerca de la mitad la tasa contributiva de repatriación que pagan las empresas norteamericanas radicadas en la isla.

Según elexpresidente delPPD, el beneficio de la sección 245 A es que ‘nos hace competitivos nuevamente’, al incentivar que empresas norteamericanas se establezcan o mantengan filiales en Puerto Rico. De igual forma, destacó que estas empresas no tendrían que repatriar sus ganancias a otras filiales localizadas fuera de las jurisdicciones de Estados Unidos, lo que permitiría que estos ingresos permaneciesen por un tiempo en la banca local.

Por otra parte, Ferrer reafirmó que, por ‘anteponer su obsesión ideológica’, tanto el presidente y candidato a la gobernación por elPNP, RicardoRosselló, como la candidata a la comisaría residente en Washington,JennifferGonzález, están en contra de la iniciativa impulsada por la Coalición del Sector Privado en Puerto Rico.

‘Van a Washington a oponerse al consenso que existe en el sector privado del país en cuanto a la enmienda de la sección 245 A, por razones ideológicas. Con el mismo fanatismo y la misma obsesión ideológica que acabaron con 100,000 empleos en una década, se oponen ahora al desarrollo económico del país’, dijo Ferrer en una conferencia de prensa.

Estas declaraciones recibieron respuesta por parte deJenniffer González Colón, quien declaró que, ‘precisamente por ser una colonia y no ser partícipes de ningún pacto como hablan los defensores del ELA mejorado, Puerto Rico necesita de un incentivo federal que atraiga y retenga las inversiones’.

La líder azul lamentó el alto costo que representa el hacer negocios dentro de Puerto Rico, lo cual deviene en detrimento de la industria manufacturera de la Isla, por lo que un incentivo federal atado a la creación de empleos hará de Puerto Rico un lugar mucho más atractivo para hacer negocios’.

Por su parte, Ferrer aseguró que un estudio del economista JuanLaraplantea que la sección 245 A permitiría un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de 6.2 por ciento, lo que representa entre 600 millones a 1,000 millones de dólares. Asimismo, Ferrer, indicó que los cálculos estimados por la Coalición apuntan a la posible creación de entre 50,000 a 100,000 empleos directos en sectores como la manufactura y servicios relacionados.

Frente al desfile de cifras expuesto por Ferrer junto a las críticas vertidas contra la colegiatura de la Palma, González expuso que ‘el tipo de incentivo que solicitemos no puede tener la misma estructura de la extinta Sección 936, que el Congreso descartó, con oposicion tanto republicana como demócrata. El alto costo al erario federal y la poca correlación a la creación de empleos, fueron los factores determinantes para su eliminación’.

Del mismo modo, confirmó que la intención del PNPde cara a la próxima legislatura será ‘impulsar la extensión de la sección 199, insertarnos de llenos en las zonas de empoderamiento y, a nivel local, (…) eliminar los obstáculos reglamentarios y estatutarios que hacen tan difícil y tedioso establecer un negocio en Puerto Rico’.