El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, anunció hoy el inicio de una investigación en torno a alegados actos de corrupción faltas eticas que surgen de los testimonios vertidos durante el proceso criminal que se lleva a cabo en la Sala 3 del Tribunal Federal para el Distrito de San Juan, como parte del juicio contra el exrecaudador Anaudi Hernández y cinco exfuncionarios gubernamentales.

Como parte del inicio de la investigación, el titular de Justicia citó a una reunión en la tarde de hoy en la que participará el Contralor Electoral, Manuel A. Torres Nieves; la directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, la fiscal Gretchen Camacho Rossy; así como los dos fiscales asignados al juicio federal.

Desde la pasada semana Miranda ordenó la asignación de dos fiscales del Departamento de Justicia a asistir al juicio que se ventila contra Hernández, con el fin de recoger todos los aspectos de la prueba y que podría constituir delito estatal o faltas éticas de funcionarios públicos.

‘Todos hemos escuchado los testimonios en el caso federal contra Anaudi Hernández. Como parte de los mismos se ha vertido información de supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas para las elecciones de 2012 y de relaciones entre empresarios y funcionarios gubernamentales que como mínimo podrían constituir graves faltas éticas o, en la alternativa, delitos penados por ley. Es por ello que inmediatamente asigné a dos fiscales a la Sala 3 del juez federal Pedro Delgado Hernández, con el fin de agilizar nuestro contacto con lo que podría ser prueba para posibles encausamientos estatales’, detalló Miranda.

‘Como sabemos, la prueba que se expone en este juicio es prueba en poder de las autoridades federales que está siendo utilizada en estos momentos por sus fiscales para probar los cargos imputados. Por lo tanto, procesalmente, corresponde que el Departamento de Justicia de Puerto Rico aguarde por la culminación del juicio y solicite la prueba a las autoridades federal, con el fin de adelantar pesquisas estatales. No obstante, esto bajo ninguna consideración constituye un obstáculo para el ejercicio de nuestra facultad en ley de investigar y perseguir el crimen. Es por esto que estamos teniendo contacto con prueba, iniciando una investigación y desde ya podemos adelantar que estaremos solicitando a Fiscalía Federal toda prueba que pueda ser útil para el proceso investigativo estatal’, especificó el jefe de Justicia.

El pasado 13 de abril el Departamento de Justicia radicó 4 cargos por evasión contributiva contra Anaudi Hernández Pérez, su esposa Verónica Ponce Peña, Héctor Vargas Soto (hoy testigo federal) y José Rodríguez Pagán. Cuatro cargos adicionales fueron radicados contra las empresas 3 Comm Global, Inc., EKO Technologies, LLC., Kendall Consulting Group, Inc. y Links Group, LLC.

La jueza María de Lourdes Camarero del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en los 8 cargos sometidos por Dejar de Rendir Planillas o Declaraciones, en violación a la Sección 6030.11(d) del Código de Rentas Internas de 2011. Se impuso una fianza de $30,000 contra Herández Pérez, $5,000 contra Ponce Peña, $20,000 contra Vargas Soto y $5,000 contra Rodríguez Pagán.

Hernández Pérez, Ponce Peña, Vargas Soto y Rodríguez Pagán se exponen a una pena de entre 3 años y un día hasta 8 años en prisión.

La vista preliminar contra los imputados se celebrará los días 14, 15 y 16 de septiembre próximos. Mientras, Hernández permanece bajo restricción domiciliaria.

En un caso similar en el que se llevaba un proceso judicial federal, el Departamento de Justicia pudo obtener prueba de parte de las autoridades federales tras la culminación del pleito contra Lutgardo Acevedo. La prueba le permitió al Ministerio Público radicar el cargo de homicidio negligente contra Acevedo por hechos ocurridos en 2012. Por estos hechos, Acevedo enfrenta juicio actualmente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La prueba recopilada conllevó además la destitución del fiscal Edwin J. López, luego de detectarse que perjuró ante la Oficina de la Inspectora General del Departamento de Justicia, con relación a su participación en el caso de homicidio negligente de Félix Babilonia, cometido por Acevedo.

El caso por homicidio negligente contra Acevedo está pendiente para juicio y tiene señalamiento el próximo 7 de septiembre en el Tribunal de San Juan.

La decisión emitida recientemente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Pueblo v. Sánchez Valle tiene implicaciones en el procesamiento estatal de las alegaciones vertidas para el récord en el juicio contra Anaudi Hernández. Como se sabe, las autoridades estatales no podrán radicar cargos criminales contra un sujeto por los mismos cargos presentados previamente en el foro federal. Por lo tanto, de radicarse cargos a nivel estatal, serían cargos distintos a los ya imputados en la esfera federal.