El gobernador Alejandro García Padilla vetó una medida que hubiera ‘aclarado’ que el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no aplica a la industria de seguros en su modalidad de ‘negocio a negocio’ (B2B).

Según el informe del Proyecto de la Cámara 2698, aprobado en la Legislatura mediante Comité de Conferencia, la fase de servicios administrativos de la industria de seguros estarían ‘exentos de cualquier impuesto sobre el consumo que se imponga mediante cualquier legislación presente o futura’, incluyendo el IVU.

La justificación de la medida era que había que ‘aclarar’ como la ampliación del IVU para imponer 4 por ciento a servicios entre negocios iba a afectar los servicios administrativos de la industria de seguros.

Al confirmar el veto, los miembros de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) dijeron en comunicado que la acción del Gobernador era un ‘golpe a los servicios de salud que reciben los ciudadanos y para toda la industria de seguros’.

‘Durante el debate público sobre la aprobación del IVA y el B2B, el gobernador siempre dijo que esos impuestos no le aplicarían a los servicios médicos. Sin embargo, su Departamento de Hacienda, en contra de la intención y el texto de la ley, ha insistido en aplicar el B2B a varios servicios que son esenciales para el cuidado del paciente’, dijo el presidente de la junta de directores de ACODESE, Carlos Rodríguez.

Explicó que, aunque la visita al médico está excluida del pago de contribuciones, según la interpretación del Departamento de Hacienda, la contribución de 4 por ciento le aplica a los servicios necesarios para prestar esa atención, como es el procesamiento de medicamentos, los servicios de salud mental y contra la adicción y el pago a los grupos de médicos primarios para atender a miles de pacientes, incluyendo la población del Plan de Salud Gobierno (PSG), entre otros.

‘De haberse firmado y haberse aclarado la intención legislativa, la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el PSG, hubiese recibido un alivio significativo en los costos relacionados con las contrataciones de beneficios de farmacia, servicios de salud mental y abuso de sustancias y de los grupos médicos primarios. El veto echa eso por tierra y, de prevalecer la interpretación del Departamento de Hacienda, estos costos se suman a los retos para que ese plan sea viable’, aseguró.

Por su parte, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, manifestó su sorpresa ante la decisión del gobernador, pues al no firmar la medida tampoco se elimina la contribución del 1 por ciento sobre las primas de seguro, único remanente de la Patente Nacional.

‘Esa contribución es el equivalente a la patente nacional en nuestra industria, impuesto que ya ha sido eliminado en todos los sectores económicos del país. Igual de perjudicial como resultó para otras industrias, ese impuesto es dañino para la industria de seguros’, afirmó.

Pernas explicó que ese impuesto afecta seriamente a todos los seguros que obtienen los ciudadanos, ya sean de salud, vida o propiedad. ‘Es importante resaltar además que este impuesto grava seguros de gran importancia para la población como lo son las pólizas de vida y seguros al hogar. De igual forma, grava los seguros médicos de miles de empleados públicos del gobierno central y las corporaciones públicas y de los miles de trabajadores humildes y de clase media que obtienen sus planes médicos a través de sus patronos o directamente en el mercado individual’, sostuvo la abogada.

Además del apoyo de ACODESE, la medida vetada por el gobernador estaba plenamente respaldada por la Comisionada de Seguros, por el director ejecutivo de la ASES, así como por organizaciones como la Cámara de Comercio, Asociación de IPAs, Asociación de Hospitales y la Asociación de Productos Medicaid y Medicare (MMAPA).