El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, trató de hacer hoy, miercoles, presión en Washington para que se rebaje el nivel de injerencia de la junta federal de control fiscal que se pretende imponer sobre el Gobierno de la Isla para sanear sus cuentas y reestructurar la deuda.

Así, García Padilla se reunió este miércoles con el secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, y su consejero Antonio Weiss, así como con ‘oficiales de Casa Blanca’ y con diversos legisladores.

Su objetivo es que el proyecto de Ley conocido como ‘Promesa’, que podría ser sometido a votación esta semana en el pleno de la Cámara de Representantes, ‘provea a Puerto Rico las herramientas necesarias para reestructurar la deuda pública’.

Además, el mandatario reclama que ese texto dé ‘un trato justo e igualitario para la isla’, para lo que, en su opinión, se debería enmendar de forma que se reduzcan los ‘excesivos’ poderes que confiere a la junta de control fiscal que se pretende imponer en la isla.

En paralelo, Barack Obama, que apoya la aprobación de la ‘Promesa’, se reunió hoy con el comisionado residente, Pedro Pierluisi, así como con otros legisladores de origen puertorriqueño.

Tal y como está redactado en el actualidad el proyecto de Ley, la junta estaría formada por siete miembros designados por Washington y se encargaría de controlar que los presupuestos sean realistas, se ajusten a ‘ciertos estándares contables y requerimientos fiscales’ y se cumplan, para lo que podría incluso determinar medidas para contener los gastos.

Además, deberá autorizar cualquier nueva emisión de deuda y cualquier acuerdo de reestructuración de la ya existente. El proyecto de Ley prohíbe expresamente que se destinen fondos federales a la gestión o pago de la deuda puertorriqueña.

La visita de García Padilla a Washington tiene lugar después de que hicieran lo mismo el candidato por su partido a gobernador, David Bernier, y su compañero de fórmula y aspirante a comisionado residente, Héctor Ferrer.

Los aspirantes a esos mismos cargos por el principal partido de la oposición, Ricardo Rosselló y Jenniffer González, respectivamente, viajaron también esta semana, nada más conocerse su elección, a Nueva York para reunirse con acreedores de la isla, a los que quisieron transmitir la voluntad de este partido de pagar la deuda.

El actual Gobierno de Puerto Rico hace tiempo que tomó la decisión de dejar de pagar la deuda, para no sacrificar la financiación de servicios públicos esenciales, y reclama insistentemente que se le permita declararse en quiebra bajo la legislación federal.

El Congreso de EE.UU. debería aprobar la ‘Promesa’ antes de que el próximo 1 de julio venza deuda de Puerto Rico por cerca de 2,000 millones de dólares, una suma que García Padilla ya ha adelantado que no se va a poder pagar.

En esta cantidad están incluidos unos 800 millones de dólares de Obligaciones Generales, unos títulos que, según la Constitución de Puerto Rico, se deben pagar antes que cualquier otro gasto del Gobierno. Su impago podría desatar una lluvia de demandas.

Aunque casi todos los legisladores de uno y otro partido parecen poner pegas a la ‘Promesa’, lo cierto es que cada vez se extiende más la sensación de que la situación de Puerto Rico es desesperada y urgente, por lo que en su mayoría se resignan a que se apruebe cuanto antes, ante la falta de alternativas.

Mientras García Padilla trataba hoy de hacer presión en Washington, en Puerto Rico unas 200 organizaciones de distinta índole se unieron hoy para mostrar su rechazo a la citada junta federal de control fiscal y anunciaron una concentración que tendrá lugar el 25 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Entre los manifestantes se encontraban representantes de la campaña de Bernie Sanders, el precandidato demócrata a ocupar la Casa Blanca, que también se opone a la creación de esa ‘indignante’ entidad ‘tan terrible para los puertorriqueños’.