El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, le presentó hoy, miercoles, al gobernador Alejandro García Padilla, 10 puntos para atender la crisis de la deuda y la posible imposición de una Junta de Control fiscal por parte del gobierno federal.

Con medidas a corto y mediano plazo, Bernabe destacó la necesidad de suspender pagos a la deuda así como su auditoría, e iniciar un diálogo para atender la intolerable condición colonial de Puerto Rico.

‘El proyecto de ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), que ordena la creación de la junta de control fiscal, reconoce el status de Puerto Rico como territorio que no se gobierna a sí mismo. Es decir, reconoce el carácter colonial de la relación existente entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa relación colonial, tal como la servidumbre y la esclavitud, es una condición inaceptable, cuya identificación tiene que venir acompañada de medidas inmediatas para su eliminación’, dijo el candidato.

‘Todo el diseño incluido en la llamada ‘PROMESA’ indica que se pretende seguir imponiendo más sacrificios al pueblo, antes de considerar una renegociación de la deuda. Algunas personas en Puerto Rico ven con buenos ojos una Junta que piensan vendrá a ‘castigar a políticos’ que, por muy buenas razones en muchos casos, se han ganado su repudio. Pero la realidad es que esta junta no vendría a castigar a los políticos sino al pueblo mismo’, advirtió Bernabe.

Para el candidato, la Constitución mandata al gobierno a velar por la seguridad y los derechos humanos del pueblo por lo que ‘hace tiempo el gobierno debió desobedecer a los acreedores y declarar una suspensión de pagos. Después de eso, la única opción justa y eficiente es la renegociación de la deuda’, señaló.

De igual modo, reconoció que los acreedores se oponen tenazmente a esta solución pero aseguró esa resistencia se quiebra con una auditoría de la deuda y la protección contra litigios.

‘Las auditorías pueden demostrar qué partes de la deuda son ilegales, inconstitucionales, abusivas, odiosas e ilegítimas. Pueden ofrecer base legal para anular partes de la deuda o recuperar fondos malversados. Nuevamente pusimos a disposición del gobernador la asistencia de expertos internacionales en este tema con los que el PPT tiene contacto. También debemos exigir la aprobación inmediata de una medida que proteja al gobierno de Puerto Rico contra demandas luego de declarada la moratoria, según el modelo propuesto por la congresista Elizabeth Warren y otros en febrero’, explicó.

El profesor universitario recalcó que ‘estas medidas tienen que venir acompañadas por mayor apertura y transparencia de parte del gobierno hacia el pueblo. Tienen que mantener informado al país de las acciones que toma el gobierno, por qué y para qué. Y tienen que apoyar todos los esfuerzos y negociaciones con el Congreso y acreedores con actividades de movilización y protesta no solo en Puerto Rico sino también en Estados Unidos. De hecho, entre nuestras propuestas incluimos construir una coalición de justicia para Puerto Rico vinculada a la agenda de sectores afines en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es la carta que varios sindicatos con base en Estados Unidos le enviaron al gobernador proponiendo una suspensión de pagos’, detalló.

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