El portavoz de la delegación del precandidato Donald J. Trump, Luis Del Valle, denunció hoy, viernes, que a dos días de celebrarse las primarias presidenciales del Partido Republicano en Puerto Rico aún no se entregan las certificaciones a los observadores de colegio que ayudarán a evaluar todo el proceso electoral.

‘Sin los observadores no hay garantía de que se evite el fraude electoral’, afirmó Del Valle en comunicado de prensa, a la vez que añadió, ‘De nada vale que los electores se expresen en las urnas si al final quienes cuentan los votos alteran los resultados. En las primarias presidenciales del 2012 hubo muchas irregularidades que no queremos se repitan’.

Según detalló, el secretario electoral del Partido Republicano de Puerto Rico, Edwin Mundo, dilató demasiado el proceso de entrega de las certificaciones de los observadores de colegio dejando apenas tres días para entregar las certificaciones personalmente en los 78 municipios. Además, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) delegó en los directores de campaña de cada candidato la entrega de estas certificaciones y en días de semana los voluntarios que fungirán como observadores están en sus trabajos, lo que deja solo el sábado para entregar toda la documentación a tiempo.

Por su parte, el observador de colegio, Malvin Rabell, indicó que, ‘Sabemos que el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) estará pendiente de las primarias partidistas de junio, pero no tenemos certeza de cuál será su rol durante la primaria presidencial del 6 de marzo. Lo que sí tenemos claro es que todo ciudadano puede radicar una querella en las oficinas de Puerto Rico del FBI si es testigo de alguna irregularidad o fraude electoral. También, puede radicar una querella en la oficina del Secretario de la Comisión Estatal de Elecciones’.

Los observadores exhortaron a todos los coordinadores y funcionarios de colegio a denunciar cualquier presión indebida que reciban por parte de cualquier funcionario de la CEE, del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Republicano de PR o sus respectivos jefes aunque sean funcionarios públicos, o de políticos y partidos. ‘Muchos se pueden sentir coaccionados por sus empleadores y no denunciar irregularidades por miedo a represalias’, insistieron.