A pesar de las historias que se multiplican en Puerto Rico sobre víctimas de pornovenganza, el proyecto de ley que tipificaría como delito el acto de humillar o vengarse de un sujeto a traves de la publicación de su vida íntima, está engavetado en el Senado.

Fueron varios casos que salieron a la palestra. Las fotos de la hija del alcalde deCorozal, una mujer Policía practicando sexo oral a otro agente de la Uniformada, otra agente del cuerpo policial masturbándose con su macana. Todas las imágenes fueron divulgadas sin el consentimiento de las féminas, estas dos últimas suspendidas del trabajo que habían desempeñado por 10 y 14 años respectivamete.

La venganza pornográfica, o pornoveganza, es la divulgación de imágenes con contenido sexual explícito sin el consentimiento de una de las partes con el propósito de humillar o herir a alguien, generalmente una pareja o expareja, aunque ya el término ha servido para nombrar cualquier tipo de publicación sin consentimiento, por lo que algunos grupos prefieren llamarlo ‘pornografía no consensuada’.

Para combatirlahan surgido movimientos como la Iniciativa por los Derechos Civiles Cibernéticos (CCRI por sus siglas en inglés), organización sin fines de lucro que empezó en el 2012 bajo la campañaEnd Revenge Porndirigida porHolly Jacobs, una víctima de pornovenganzaquien convirtió en su misión concienciar e impulsar reformas legislativas para criminalizar esta conducta, por considerarla una forma de abuso sexual.

Partiendo también de la premisa de que la pornovenganza ‘es otra modalidad de la violencia de género [ya que] busca degradar o poner en una posición comprometida a la persona que es víctima’, Ilia Vázquez, coordinadora educativa de la organización Paz para la Mujer, comentó a NotiCel que el proyecto de ley que descansa en las gavetas del Senado, está ‘flojo’.

Se trata del proyecto para crear la Ley contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico, el cual tras su aprobación tipificaría como delito la divulgación y publicación de ‘cualquier material explícito de carácter íntimo’ a través de medios cibernéticosy establece penalidades de 3 años de reclusión para quienes cometan el crimen y una multa de hasta $10 mil si se trata de una corporación o cualquier otra persona jurídica.

Las penas son insuficientes para Vázquez, quien las encuentra ‘mínimas’ en contraste con el daño que provoca en la víctima.

‘Una persona pierde su reputación, sus redes de apoyo, puede perder el trabajo, algunas hasta tienen que salir del país para poder iniciar una vida nueva porque no hay manera de que puedan continuar con su vida sin estar marcada con lo que se circuló en los medios y las redes. Las esferas en que esa persona se mueve quedan trastocadas. Si uno pone en balanza el que se le altere toda la vida a una persona, que puede considerar hasta el suicidio por no tener control sobre su propia vida, las penas son mínimas’, manifestó.

Sin embargo, para el senador Miguel Pereira, presidente de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, donde ahora mismo descansa el proyecto de ley desde que en febrero pasado fuera aprobado por la Cámara de Representantes, tres años de reclusión ‘resulta ser un montón de tiempo’.

En entrevista con NotiCel, Pereira confirmó que el proyecto lleva detenido nueve meses porque lo que se presta a legislar ya está contemplado en el Código Penal vigente. ‘No es bueno legislar códigos penales para entonces añadirle leyes especiales que en efecto lo que hacen es replicar el mismo material… el Código Penal pierde vigencia, pierde relevancia’, dijo.

Las leyes vigentes ya ofrecen ciertas garantías. Si una pareja o expareja divulga un material con el fin de causarle grave daño emocional a una pareja o expareja, ya eso constituye una violación a la Ley 54, o Ley de Violencia Doméstica. Si se hace con ánimo de lucro, el Código Penal castiga con ocho años de reclusión.

Sin embargo, a juicio del fiscal Rafael Sosa Arvelo, director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, sí es necesaria una medida legislativa que atienda la conducta de pornografía de venganza en la medida que el material con contenido sexual explícito que sea divulgado no cuente con la autorización de una de las partes involucradas.

‘Favorecemos una medida que vaya a esos fines. Lo idóneo, una enmienda al Código Penal’, comentó a NotiCel, en una postura diametralmente opuesta a Pereira. El fiscal considera que la legislación permitiría cubrir pequeñas lagunas, entre ellas, cómo reaccionar cuando la imagen la publica un tercero.

Para el fiscal, la principal razón por la que se debe desalentar esta conducta es por ‘el daño tan masivo’ que puede ocurrir a una persona que es víctima de este tipo de actividad.

‘Es una conducta reprochable que tenemos que buscar la manera de frenarla y entendemos tres años es un tiempo adecuado. La investigación es compleja, y el impacto a la víctima puede ser potencialmente masivo. No es como en los tiempos de antes que se podía repartir un material impreso de persona en persona, en esta situación la consecuencia puede ser que este material se publique masivamente y no hay manera de recuperar esa imagen y borrar ese acto’, sostuvo Sosa Arvelo.

Por el momento, mientras el Departamento de Justicia evalúa diferentes proyectos para atender esta situación, en el Senado el proyecto está detenido. ‘Pero seguimos estudiándolo, revisitamos el proyecto a ver si podemos encontrar cómo articular mejor una preocupación’, finalizó Pereira.