El Tribunal dejó sobre el tintero la resolución de una moción presentada por el exsenador Jorge de Castro Font, quien solicita anular varias convicciones por entender que se le violaron derechos constitucionales al ser procesado a nivel estatal por los mismos delitos por los que fue juzgado en la esfera federal.

La vista pautadada para hoy, miércoles, tuvo que ser pospuesta para el próximo lunes, 5 de octubre, luego de que el convicto no fuera llevado al Tribunal de San Juan debido a circunstancias que no quedaron del todo claras.

En la moción radicada el pasado julio, de Castro Font, se agarró de la reciente determinación emitida en marzo del 2015 por el Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, que estableció que ‘de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales’.

Sin embargo, el fiscal especial independiente, Guillermo Garau Díaz, junto al fiscal delegado, Manuel Núñez Corrada, presentaron una moción en oposición el pasado 4 de agosto.

De acuerdo a los fiscales, la normativa establecida en Pueblo v. Sánchez del Valle, todavía no es final y firme porque la Oficina del Procurador General presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que buscan que se revoque el dictamen. Además, argumentaron que de todas maneras esta nueva directriz no le aplicaría al caso del expresidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado porque que fue emitida cuando su sentencia ‘había advenido final y firme e inapelable’.

Aun si la doctrina pudiera aplicarse de manera retrospectiva, los fiscales destacaron que de Castro Font está también cumpliendo por otros cargos, por los cuales no fue procesado en la esfera federal. Estos cargos están relacionados a violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, Ley Electoral, Ley Contra el Crimen Organizado y Apropiación Ilegal de Fondos Públicos.

De igual forma, señalaron que existía un preacuerdo de alegación de culpabilidad que fue aceptado por el Tribunal, y que de Castro Font no puede retirar.

A su salida de la sala 1103 del Tribunal de San Juan, Garau Díaz, se reafirmó en lo estipulado en la moción de oposición.

Por su parte, el licenciado Luis Abreu Elías, defensa de de Castro Font, planteó que ‘independientemente de que se eliminen o no esos delitos (que no se procesaron en la esfera federal), si eliminan todos los demás delitos, se elimina entonces la justificación del sistema carcelario para no clasificarlo en (custodia) mínima y ponerlo en mediana. Porque la justificación que dieron las cárceles para clasificarlo en mediana, a pesar de que tiene 80 puntos demás, es la seriedad y la gravedad de los delitos. La seriedad y gravedad de los delitos es de los demás delitos, no los de electoral y los de no rendir planillas’.

A juicio de Abreu Elías, de Castro Font saldría de prisión tanto si eliminan todas las convicciones como si se baja a custodia mínima al mantenérsele los cargos planteados por los fiscales que no fueron procesadas a nivel federal.

Moción de Jorge de Castro Font-NotiCel_15215

Oposición a Moción de Jorge de Castro Font-NotiCel_15217