Deudas y obras incompletas es lo que que quedaría de la inconclusa emisión de $750 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero el presidente de la corporación, Alberto Lázaro Castro, permanece esperanzado en poder concretarla pese a admitir que la transacción se vio afectada por el certiorari radicado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal Supremo federal para que dicho foro valide la Ley de ‘quiebra criolla’.

El funcionario asumió esta postura cuando NotiCel le cuestionó cuál sería el Plan B para poder cumplir con las obligaciones, incluyendo las mejoras capitales, si no se concreta la venta de la emisión de bonos de $750 millones.

Mientras tanto, en el Segundo Suplemento de la Declaración Oficial Preliminar de la emisión, se detalla que la AAA utilizaría $500 millones de la emisión para depositarlos en el Fondo de Construcción. Asimismo, $83 millones serían un reembolso a la Autoridad por los gastos de mejoras sufragados con los ingresos operacionales de los años fiscales 2013 al 2015. Además, planeaban usar $90 millones para pagar una línea de crédito con el Banco Popular y $67 millones para pagar una línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según el documento, el Contrato de Crédito con el Banco Popular tiene como garantía los fondos depositados en el Fondo de Estabilización Tarifaria que provienen del Excedente del Master Trust Agreement, y será pagadero al 31 de agosto de 2015, de haber un incumplimiento.

De otro lado, se ha calculado en $10 millones los descuentos de suscripción de seguro, los gastos legales estimados, la impresión y los gastos de financiación.

En ese sentido, manifestó que ‘seguimos trabajando arduamente para lograr la emisión, aunque se haya retrasado el itinerario por las mismas incertidumbres que hay en los mercados. Hemos evaluado otras opciones, como el financiamiento privado. En la AAA estamos optimistas de que lograremos culminar el proceso público, pero ciertamente estamos evaluando otras opciones, que también incluyen lograr economías adicionales con eficiencias y ajustes en nuestros gastos’.

Cabe señalar que el mismo día que el Departamento de Justicia informó que radicó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo Federal para que dicho foro declarara que era constitucionalmente válido que las corporaciones públicas de Puerto Rico puedan reestructurar sus deudas, la AAA intentó apaciguar los ánimos afirmando que no tenían bajo la mirilla acogerse a ese remedio.

En el Tercer Suplemento de la Declaración Oficial Preliminar de la emisión, la AAA expone que en el certiorari se aducía que ‘las tres principales utilidades de la ‘Commonwealth’, que proveen electricidad, agua y carreteras a los ciudadanos, tienen una deuda combinada de $20,000 millones, que no pueden pagar. Pero esas utilidades tampoco pueden simplemente apagar la luz, el agua y las carreteras. Así que las empresas de servicios públicos tienen que reestructurar sus deudas de una manera que sea justa no solo a sus acreedores, sino también a las personas que atienden’.

Sin embargo, la corporación pública indicó que no tenían la necesidad de buscar un remedio a través de la Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71 del 2014), si la misma fuera validada por el Tribunal Supremo federal. Tampoco hay necesidad de recurrir al Capítulo 9 del Código de Quiebra federal, si finalmente el Congreso de Estados Unidos incluye a las corporaciones de Puerto Rico.

De hecho, resaltaron que el secretario de la Gobernación, Víctor Suarez, dijo el lunes que suponiendo que la AAA pueda cumplir sus proyecciones financieras y logre acceder al mercado municipal mediante términos razonables que le permitan levantar los fondos suficientes para cubrir las necesidades capitales, no se contempla que la Autoridad necesite reestructurar su deuda o que invoque las protecciones de la Ley 71.

Tales aseveraciones no parecieron tranquilizar al mercado inversor, y el propio presidente ejecutivo de la AAA, Lázaro Castro, terminó reconociendo que la movida del Departamento de Justicia resultó conflictiva para la finalización de la transacción.

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Declaración Oficial Preliminar de la emisión de la AAA-NotiCel_14590