El senador Luis Daniel Rivera Filomeno, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, anunció el lunes que el gobernador Alejandro García Padilla firmó un proyecto de su autoría, con el propósito de favorecer al consumidor en la ejecución de contratos de servicio.

La ‘Ley para la Preservación de la Buena Fe y Seguridad del Consumidor en la Contratación y Resolución de los Contratos sobre Bienes y Servicios’, tiene el propósito de facultar a los consumidores en relaciones contractuales con validez en la jurisdicción del Estado Libre Asociado, a resolver o culminar su contrato de la misma forma y medio, utilizado al momento de pactar el bien o servicio objeto del contrato y añadir un nuevo Artículo 1232A al ‘Código Civil de Puerto Rico de 1930’, según enmendado, a esos efectos.

Explicó que bajo la nueva Ley 132, constituye infracción que estará sujeta a una multa administrativa por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACCO) de hasta cinco mil dólares por infracción el incumplimiento con el Artículo 1232A del ‘Código Civil de Puerto Rico de 1930’, según enmendado, sin perjuicio de cualquier causa de acción privada de las partes contratantes. Sin embargo, en el caso de contratos para proveer servicios de telecomunicaciones sujetos a la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), dicha entidad estará facultada para emitir la multa y no el Departamento de Asuntos del Consumidor. Las disposiciones de este Artículo solo aplicarán a contratos de adhesión que no sean mercantiles.

‘La buena fe contractual está sujeta a la transparencia en la voluntad de los intervinientes. Por lo que es deber del Estado establecer la regulación necesaria para que cada contrato se efectúe con la mayor transparencia posible. Por eso radiqué este proyecto. En lo sucesivo, todo contrato que provea la opción de ser resuelto a voluntad de una o más de las partes podrá hacerlo, pero utilizando el mismo modo y forma en que fue pactado’, detalló el autor del Proyecto del Senado 570, que ahora se convierte en la Ley 132-2015.

‘Cabe señalar que esta Ley entrara en vigor a los treinta (30) días siguientes a su aprobación, y aplicará a los contratos convenidos luego de su vigencia. Para mí es un honor y un orgullo poder seguir defendiendo al consumidor puertorriqueño, en coordinación con los compañeros del DACO y su secretario Nery Adames’, finalizó el senador por el distrito de Carolina.