La decepción dominó las reacciones del gobernador Alejandro García Padilla y del secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, ante la decisión emitida por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, que tiene el efecto de dejar a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas.

‘Esta decisión es lamentable y decepcionante. Por el momento, priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones einstrumentalidadespúblicas. Se trata de una aplicación de la ley federal que es injusta para Puerto Rico. Por un lado, se dice que el Capítulo 9 restringe a Puerto Rico de aprobar una ley de recuperación, pero por otro, no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación’, manifestó el Primer Mandatario.

‘La decisión emitida por este panel con relación a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas adoptada en Puerto Rico es sumamente decepcionante. La misma adjudica como válido el estado de discrimen establecido contra Puerto Rico al excluírsele de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra por acción del Congreso en 1984. Es arbitrario e inconcebible el que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negoción ordenada de la deuda pública. Hoy tenemos un gobierno que queda desamparado en lo que concierne a lo dispuesto en el Capítulo 9, e imposibilitado para legislar su propio instrumento que le permita a nuestras corporaciones públicas atender de forma ordenada la crisis fiscal que ya ha sido anticipada’, dijo, por su parte, Miranda.

Asimismo, el Secretario adelantó que se evalúa la alternativa de recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ‘lo cual decidiremos oportunamente en consulta con nuestros asesores y junto al señor Gobernador. Mientras tanto, resulta indispensable para Puerto Rico centrar sus esfuerzos en persuadir al Congreso de Estados Unidos para que se corrija la acción tomada contra Puerto Rico en el 1984 y apruebe la inclusión del país en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Esto es indispensable pues, renegociar la deuda de nuestras corporaciones públicas y del país exclusivamente a base de consenso y sin contar con un código ordenado, ha de resultar sumamente difícil y complejo’, explicó.

A raíz del anuncio del Gobernador el pasado lunes 29 de junio sobre la dificultad de cumplir con el pago de la deuda, el Departamento de Justicia presentó ese mismo día una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito para que se atendiera con carácter de urgencia la apelación del Estado a la decisión del Tribunal Federal de Distrito. Dicha decisión, emitida por el juez Francisco Besosa, le prohíbe al gobierno poner en vigor la ley que le permitiría a las corporaciones públicas reestructurar equitativamente sus deudas, al tiempo que garantiza a la ciudadanía los servicios esenciales.

‘Vamos a exigirle a Washington trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca y del Congreso’, insistió García Padilla.