La contralora de Puerto Rico emitió el lunes una opinión adversa de auditoría en la cual detalla que las compras y los desembolsos para la reconstrucción de las oficinas legislativas de la minoría de la Cámara de Representantes se hicieron en violación de los reglamentos al exceder hasta en 143% los costos originales.

Entre los hallazgos se señala que durante noviembre de 2012, a días de que el Partido Nuevo Progresista perdiera las elecciones, la Superintendencia del Capitolio otorgó cinco contratos de emergencia por solicitud de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, para preparar las oficinas legislativas que ocuparía la minoríaPNP.

Los mismos fueron otorgados a WNConstructionCorp, deWilliamCaleroFontán; a Pagán Construction Corp; JSGeneral Contractor; Miguel CuadradoOMConstruction; yCapitolProjectsCorp. de CésarSanabriaGómez, un arquitecto en entrenamiento, según el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

Los contratos para la reconstrucción de 19 oficinas legislativas sumaban casi un millón de dólares, pero en diciembre de 2012 se realizaron enmiendas que aumentaron los costos a $2.3 millones, lo que excedió el costo original en 143% incumpliendo con la cláusula de contratos que establece un límite de 25% en los aumentos permitidos. Además, se violó el protocolo de órdenes de cambio y de facturación.

‘La situación propició que el proyecto excediera el costo original, lo que limitó los recursos de la Cámara de Representantes y de la Superintendencia para utilizarlos en otros servicios esenciales’, esboza el informe en el cual se señala además que la situación coloca al Gobierno en riesgo de que se efectúen pagos por trabajos no realizados o que se realicen sin las debidas condiciones.

Las alegaciones implican también al entonces superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, y a la entonces gerente interina de proyectos de construcción, ingenieraVanessa Acobis Ross, de quienes dice no defendieron los mejores intereses de la Superintendencia.

Los expedientes carecían de documentos importantes que permitieran administrar los contratos efectivamente, así como facturas sin fechas de aprobación.

Aumenta la gravedad de la situación el hecho de que el contrato para preparar planes esquemáticos se otorgó a una corporación con fines de lucro, que no estaba organizada como una de servicios profesionales como requiere la ley, ni cuyo principal accionista contaba con las debidas autorizaciones para ejercer la arquitectura.

Además, la contraloraYesmín Valdivieso encontró que se adjudicó la subasta para la operación de la cafetería del Capitolio a un licitador que no tenía la mejor oferta, ya que otro había ofrecido pagar más de mil dólares más en el arrendamiento al Gobierno, además de que los precios de almuerzos eran más económicos.

De la evaluación de las compras, se encontró que en al menos tres no se efectuaron subastas, ni se solicitaron cotizaciones durante el periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2012.

*Nota aclaratoria: Inicialmente se confundió el nombre del arquitecto César Sanabria con el productor del mismo nombre, y se aclara que, distinto al productor, el arquitecto Sanabria no ha sido convicto por delito alguno.

Informe de Contralora – NotiCel_13437