El exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge de Castro Font, llegó hoy jueves al sistema correccional de Puerto Rico despues de cumplir la parte federal de una pena por, entre otros cargos, extorsión, apropiación ilegal y lavado de dinero.

De Castro Font fue llevado al Centro de Ingreso 705 en el Complejo Correccional de Bayamón para las evaluaciones correspondientes.

En declaraciones escritas, el Departamento de Corrección indicó que el cómputo final de sentencia que le resta por cumplir en la jurisdicción estatal es de hasta septiembre de 2019 máximo y noviembre de 2015 mínimo. En esta fecha de noviembre calificaría para tramitar su caso en la Junta de Libertad Bajo Palabra. Este cálculo incluye las bonificaciones que obtuvo en la Institución de Estados Unidos.

Una vez culminado todo el proceso en el centro de ingreso, que puede tardar varios días, el confinado será trasladado a la institución que corresponda.

El expresidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado cumple una pena federal impuesta en mayo de 2011 por el juez Francisco Besosa por cargos de extorsión, soborno y conspiración para lavar dinero.

Esa sentencia culmina hoy jueves 19 de febrero. El portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación, César Fiallo, explicó que una vez en la Isla, De Castro Fontdebe cumplimentarunas pruebas psicológicas y médicas para conocer su estado.

En ese momento, igualmente, se identifica su custodia, sostuvo Fiallo a NotiCel. El proceso podría tardar por lo menos una semana mientras se realizan las pruebas y se cumple con el protocolo.

De Castro Font acumuló bonificaciones que redujeron su periodo de confinamiento, pues según trascendió, el exlegislador impartió clases a sus compañeros de prisión, lo que le ayudó a acortar su condena. ‘Además pasó mucho tiempo escribiendo’, comentó una persona allegada a De Castro.

El exportavoz de la mayoría senatorial fue arrestado en octubre de 2008 luego que un Gran Jurado emitiera un pliego acusatorio que incluía 31 cargos.

Un año más tarde, el hombre admitió que solicitó entre $500 mil a $525 mil a diferentes personas para promover legislación o aprobar medidas legislativas.

El convicto está preso desde octubre de 2011 por haber violado los términos de libertad bajo fianza al tratar de contactar a su exesposa.