Mientras el Gobierno atiende la estrechez fiscal mediante la congelación de aumentos a los trabajadores y la imposición de más cargas contributivas, otros sectores han salido por la puerta ancha, sin que La Fortaleza haya anunciado medidas concretas para ponerlos en cintura. Este es el caso de más de la mitad de los municipios que se encuentran en deficit, algunos de los cuales gastan miles de dólares en contratos para sus amigos políticos.

La economista,Martha Quiñones, denunció esta ironía, en conversación con este diario la semana pasada, cuando indicó que el arbitrio al crudo del petróleo no forma parte de un plan articulado de política pública para solucionarla crisis económica, sino que se trata de un recaudo para cumplir con el pago a losbonistas.

‘Hay ajustes fiscales para algunos, pero no hay ajustes para los demás. A los municipios no les han dicho ‘frenen un momentito, que ustedes están insolventes’. Al contrario: ‘aquí tienen un barrilito para hacer sus obras», expresó Quiñones, en referencia a la resolución conjunta de la Cámara 595, que otorga $60 millones a 14 municipios para realizar obras de menor importancia.

La deuda total de los municipios con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) representa más de $4 mil millones, en momentos en que al Banco le quedaban – al 31 de octubre de 2014 – aproximadamente $1.7 mil millones en activos líquidos.Los municipios con las deudas más grandes son San Juan ($882 millones), Carolina ($388 millones), Guaynabo ($279 millones), Caguas($267 millones) y Bayamón($265 millones), seguido por Ponce, Mayaguezy Toa Baja.

El municipio de Toa Baja, con una deuda al BGFde $109 millones, ha sido objeto de controversia tras el voto a favor de la ‘crudita’ del senador de minoría, José ‘Pellé’ Santiago, ante la amenaza pública deque detendría los desembolsos de préstamos municipales ya otorgados.

Pese a que tomar prestado es necesario para financiar las obras de infraestructura, estos municipios siguen el mismo patrón de endeudamiento que ha caracterizado al Gobierno central a través de los años, con una capacidad cada vez más reducida para cubrir los gastos de servicios, según el informe de la Comisión de descentralización y regiones autónomas. Varios de los municipios con déficit utilizan su presupuesto en obras u operaciones cuyo costo supera por mucho los ingresos.

Para el año fiscal 2011-2012, la deuda municipal representaba un 6% de la deuda pública total del Gobierno Central. La deuda acumulada de Carolina, Aguadilla, Yauco, Dorado y Guaynabo, al año fiscal 2010-2011, superaba sus ingresos anuales. El pagaré anual estimado de estos cinco municipios representa entre el 13% y el 22% de los ingresos, por lo que tienen dificultad de repago.

Quiñones argumentóque la reforma fiscal en Puerto Rico también tendría que incluir a los municipios que no tienen ingresos porque si no, la carga recaerá en el Fondo General. Indicó que habría que identificar cuáles municipios necesitan mayores fuentes de ingreso o desarrollar alianzas con otros municipios para gestionar una serie de actividades económicas.

La insuficiencia de fondos de algunos municipios, comoCataño, ha llegado a tal nivel que se han visto imposibilitados de pagar nómina.

En el informe de descentralización, se recomienda quese establezcan regiones autónomas que permitan maximizar los recursos, para que los municipios con una menor capacidad, puedan desarrollar su máximo potencial. Este informe fue presentado ante el Gobernador en febrero, pero aún no se ha expresado al respecto.

El hermano del Gobernador, el alcalde Juan Carlos ‘Tato’ García Padilla, sugirió en conversación con este diario el 3 de diciembre, que los alcaldes que recibieron un municipio con superávit y a la fecha de aspirar tengan déficit, no puedan aspirar, ni tampoco si el déficit aumentó. ‘Tienes que obligarlos a administrar bien’, comentó.

Esta propuesta ya está contenida en el proyecto de la Cámara 1368, que fue radicado en septiembre de 2013 por el representante José ‘Nuno’ López Muñoz, del Partido Nuevo Progresista (PNP). El proyecto ha permanecido engavetado en comisión por más de un año, sin que se hayan celebrado vistas públicas.

Por otro lado, los municipios están sin control en la otorgación de contratos. La Ley 66 de 2014 que declaraba emergencia fiscal para permitir a las agencias y corporaciones públicas negociary reducir sus contratos, excluyó de su aplicabilidad a los municipios. En contraste, NotiCel reseñó que Toa Baja ha otorgado un millón de dólares en contratos a más de diez políticos o amigos de políticos. En Aguadilla, también trascendió en septiembre que habían otorgado un contrato por $125 la hora a la exsecretaria del Departamento de Familia, Yanitsa Irizarry.

‘Tiende a intervenir la política partidista y no necesariamente de sana administración. No están planteando eliminar contratos, sino reducir la jornada a los empleados. Es un proceso corrupto de sostener a políticos derrotados’ analizó Quiñones.