La Fortaleza tendrá que definitivamente analizar profundamente si se pueden eliminar parcialmente las exenciones contributivas que se aplican a gases licuados y si se puede imponer un gravamen de 1.5 por ciento a los $35,000 millones repatriados anualmente desde el País por corporaciones foráneas, antes de considerar un aumento al impuesto al crudo.

Ese fue el contexto de las conversaciones entre legisladores que se oponen a aumento en el impuesto al crudo y el ejecutivo, que ha reiterado es que la única alternativa que los bonistas están dispuestos a aceptar porque ha funcionado en el pasado y generaría los ingresos esperados.

La medida en cuestión, que fue enviada por La Fortaleza a la Legislatura el pasado 30 de octubre, aumentaría el impuesto sobre el crudo y sus derivados de $9.25 a $15.50 por barril para salvar a la Autoridad de Carreteras, que está afectando la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con una deuda de $2,200 millones.

La ACT, además, se podría quedar sin dinero dentro de varios días, lo cual podría ocasionar una paralización en la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el Tren Urbano y de las lanchas de transporte marítimo público.

La Cámara y el Senado, en esencia, el lunes abrieron sus trabajos para leer la convocatoria a la sesión extraordinaria y cerrar los mismos hasta el 1ro de diciembre por falta de consenso en cuanto a la crudita. En la Cámara, había 40 representantes, por lo que había quorum para llevar a cabo los trabajos, al igual que en el Senado, que ha optado por no actuar porque tiene que esperar por la Cámara.

‘Básicamente, no hay alternativas. Está trancado todo’, dijo una fuente legislativa, al destacar que, por la manera en que ‘soplan los vientos’, la extraordinaria podría cerrar sin la aprobación de las medidas.

Hasta ahora, la oposición a las medidas ha sido el costo político y los posibles efectos negativos a la economía.

El representante Luis Raúl Torres, nuevamente el lunes se reiteró en que se opone al aumento y pidió al gobierno que analice la propuesta del Senador Manuel Natal de imponer un gravamen a las corporaciones foráneas.

También dijo que favorece destinar dinero del arbitrio del cigarrillo a la ACT, una iniciativa de Presidente Jaime Perelló que el Senado no aprobó porque La Fortaleza se opone.

El P. de la C. 2242 crea el ‘Fondo Especial para Gastos de Nómina y Funcionamiento de la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Transporte Integrado’, bajo la custodia del BGF. Este fondo se va a nutrir de hasta unos $45 millones del impuesto a los cigarrillos.

El representante Carlos Vargas Ferrer también pidió que se le de consideración y se evalúe la medida propuesta por Natal y a la idea de imponer contribuciones al gas licuado al insistir en que hay alternativas.

El gobernador más temprano en el día insistió que este aumento al arbitrio es la única alternativay amenazó con paralizar el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y del Tren Urbano si al 1 de diciembre la Legislatura no aprueba su propuesta. Dijo que quedarían sin trabajo y sin paga 1,600 padres de familia.

Eso, no obstante, no ha calado en los legisladores.

Tanto Torres como Vargas aseguraron que la inclusión en la extraordinaria de dos resoluciones que asignan unos $99.7 millones para mejoras públicas a los municipios no se hizo para atraer sus votos.

‘Ese dinero son unos sobrantes de la pasada sesión que ya estaban ahí’, aseguró Torres.