Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza manifestaron el viernes, la importancia de concienciar sobre el problema de la pobreza y la indigencia en Puerto Rico, y cómo la misma se manifiesta en el deterioro de la calidad de vida, específicamente el acceso a la vivienda, la educación de calidad y servicios medicos, entre otros.

El portavoz de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Colegio de Abogados, licenciado Alvin Rafael Couto de Jesús, explicó que el Día para la Erradicación de la Pobreza se conmemora a partir del año 1993 desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ‘El lema utilizado este año es ‘No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema’. Con este lema, se reconoce y se subraya el reto exigente de identificar y asegurar la participación de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social en la agenda para el desarrollo del 2015. Es por ello que el Colegio de Abogados se une a las comunidades para forjar una agenda de justicia y equidad social que atempere la isla a los paradigmas de desarrollo desde la solidaridad y la empatía’, dijo en un comunicado de prensa.

Couto sostuvo que, ‘En Puerto Rico se ha orquestado, según un estudio de la Coalición Cero Desalojos y Amnistía Internacional de hace varios años, un esquema para desalojar a las comunidades de parte del Estado justificando proyectos de desarrollo e infraestructura, actividades de reacondicionamiento urbano y ornato municipal, y programas de reubicación a causa de proyectos de reconstrucción post desastres naturales. Esto ha traído como consecuencia que familias que disfrutan de un hogar se ven obligadas a cambiar éste por un programa asistencial que los pone a pagar renta cuando ya tenían sus casitas saldas, lo que podría agravar los niveles de indigencia’.

‘Los más que sufren problemas de realojo son los pobres y marginados, vulnerables económica y socialmente. Especialmente las mujeres jefas de familia, las personas de edad avanzada y los niños. El Colegio de Abogados y Abogadas a través de Pro Bono está atendiendo casos en los residenciales públicos en que los residentes son desahuciados por deudas de utilidades públicas. Nos preguntamos en dónde vivirá esa gente. Debemos lograr planes de pagos sensibles a la realidad económica del país atendiendo la Ley de Justicia Tarifaria. Mientras se hacen arreglos jugosos de un cuarto de billón de dólares a la banca con Doral, a la clase trabajadora se le priva de justicia salarial y económica’, denunció el portavoz del Colegio de Abogados.

Por su parte, la portavoz de la Coalición Cero Desalojos, Mirta Colón, fue enfática al expresar que las comunidades denunciarán violaciones a los derechos humanos en procesos de desplazamiento y que reiterarán el llamado para que cesen los desalojos. ‘Velaremos porque se impulse una agenda que garantice nuestra participación democrática en procesos que afectan nuestra calidad de vida. Participaremos en la discusión de los nuevos proyectos de ley, como la nueva Ley De Desahucios, que priva a las personas de escasos recursos de defensas necesarias para garantizar un techo digno para la familia’, concluyó Colón.

De igual modo, la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se unió a los reclamos hechos durante el día de hoy. La profesora Myrta Morales Cruz estuvo en compañía de miembros de las comunidades de Villas del Sol y Las Gladiolas quienes reclamaron su derecho a la vivienda. Además, estuvieron presentes residentes del Residencial Luis Lloréns Torres, quienes enfrentan acciones de desahucio actualmente en los tribunales.

La Coalición Cero Desalojos, el Colegio de Abogados, el programa Pro Bono, la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y otras instituciones han solicitado turnos para debatir la legislación propuesta que agravaría las condiciones de vida de las familias de escasos recursos para sensibilizar a la legislatura del problema de la pobreza en el país.